Espinoza reveló que mientras otras entidades del Estado SÍ recibieron presupuesto adicional en 2025, al MP solo le autorizaron reubicar recursos existentes
La Fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, habría denunciado públicamente una presunta discriminación presupuestal sistemática contra el Ministerio Público por parte del Poder Ejecutivo. Durante la conferencia de prensa del balance del primer semestre 2025, la titular del MP habría revelado que mientras múltiples entidades del Estado recibieron presupuestos adicionales este año, al organismo encargado de la persecución del delito se le habría negado sistemáticamente estos recursos fundamentales para su funcionamiento.
«Efectivamente se podría decir que se nos está asfixiando. La pregunta es, ¿por qué?», habría declarado Espinoza de manera contundente, evidenciando una situación que pondría en riesgo la capacidad operativa de la institución encargada de investigar a los más altos funcionarios del Estado. La denuncia habría surgido en el contexto de la aprobación de presupuestos adicionales para diversas entidades gubernamentales, publicada el mismo día de la conferencia en El Peruano.
Una diferencia que evidencia discriminación
La Fiscal habría sido categórica al señalar la disparidad en el tratamiento presupuestal: «Mientras a otras entidades que incluso tal vez no tienen mayor necesidad o urgencia que el Ministerio Público, todos los años no se les niega y este año especialmente no se les ha negado los presupuestos adicionales, pero el Ministerio Público sí». Esta situación habría generado serias interrogantes sobre las verdaderas motivaciones detrás de esta presunta política discriminatoria.
El contraste habría resultado aún más evidente cuando Espinoza reveló que al Ministerio Público únicamente se le habría autorizado «que del presupuesto que tenemos, el mínimo que tenemos, que podamos utilizarlo de un rubro a otro. Eso es lo único que se ha aprobado». En términos prácticos, esto significaría que la institución solo habría recibido permiso para redistribuir sus escasos recursos existentes, pero sin recibir fondos adicionales para atender sus crecientes necesidades operativas.
El impacto directo en el servicio fiscal
La situación presupuestal habría tenido consecuencias inmediatas y tangibles en la capacidad de la Fiscalía para cumplir su mandato constitucional. «Eso sí afecta directamente porque nos impide poder llevar adelante una gestión por lo menos mínima o una gestión manejable», habría explicado Espinoza, subrayando que las limitaciones presupuestales no serían meramente administrativas, sino que tendrían un impacto directo en el servicio hacia la población.
La Fiscal habría enfatizado que las solicitudes presupuestales del Ministerio Público no habrían sido caprichosas o suntuarias: «No estamos pidiendo grandes millones para cuestiones banales o suntuarias, no. Estamos pidiendo para el servicio fiscal, para el servicio hacia la población y está técnicamente sustentado». Esta aclaración habría buscado desmentir cualquier sugerencia de que las peticiones presupuestales carecerían de justificación técnica o serían excesivas.
Un patrón que genera interrogantes
La denuncia de Espinoza habría puesto en evidencia lo que parecería ser un patrón sistemático de negación de recursos al Ministerio Público. Según sus declaraciones, esta situación no habría sido exclusiva del 2025, sino que se habría repetido «todos los años», lo que sugeriría una política deliberada de limitación presupuestal hacia la institución encargada de perseguir el delito a nivel nacional.
«Sin embargo, no se nos ha escuchado», habría lamentado la Fiscal, revelando que a pesar de presentar solicitudes técnicamente sustentadas y justificadas, el Poder Ejecutivo habría mantenido una postura inflexible hacia las necesidades presupuestales del MP. Esta situación habría planteado serias dudas sobre si existirían motivaciones políticas detrás de esta negativa sistemática.
El contexto de una institución bajo presión
La denuncia presupuestal habría cobrado especial relevancia en el contexto de los múltiples desafíos que enfrenta el Ministerio Público. Con 770,000 casos ingresados a nivel nacional en el primer semestre de 2025, de los cuales solo el 0.05% corresponderían a aforados, la institución habría estado manejando una carga de trabajo masiva que incluiría desde casos de violencia contra la mujer hasta investigaciones de alta complejidad contra funcionarios públicos.
La situación habría resultado particularmente paradójica considerando que el Ministerio Público habría estado obteniendo resultados significativos a pesar de las limitaciones presupuestales. Con un 91% de sentencias condenatorias en casos de violencia contra la mujer y 113,000 detenciones en flagrancia a nivel nacional, la institución habría demostrado su eficacia operativa incluso con recursos limitados.
Las consecuencias de una política restrictiva
Espinoza habría advertido sobre las implicancias de mantener esta política presupuestal restrictiva. La imposibilidad de «llevar adelante una gestión por lo menos mínima» no solo afectaría la capacidad operativa del Ministerio Público, sino que podría comprometer su capacidad para cumplir con su mandato constitucional de defender la legalidad y perseguir el delito.
La situación habría resultado especialmente preocupante en un contexto donde la institución enfrenta casos de alta complejidad y sensibilidad política. Las investigaciones contra funcionarios de alto nivel requieren recursos especializados, equipos técnicos y personal altamente capacitado, elementos que se verían directamente afectados por las restricciones presupuestales.
Una pregunta que queda en el aire
«¿Por qué se nos discrimina al Ministerio Público en tema presupuestal? La respuesta la podrá tener cada uno», habría concluido Espinoza, dejando abierta una interrogante que trasciende lo meramente administrativo. La pregunta habría implicado una reflexión más profunda sobre si las limitaciones presupuestales podrían formar parte de una estrategia más amplia para debilitar la capacidad investigativa del Ministerio Público.
La denuncia de la Fiscal habría puesto en evidencia una contradicción fundamental: mientras el Estado peruano enfrenta una crisis de corrupción que requiere instituciones fuertes y bien financiadas para combatirla, la entidad encargada de esta lucha habría estado siendo sistemáticamente privada de los recursos necesarios para cumplir efectivamente su misión.
El llamado a una política presupuestal justa
Con su denuncia, Espinoza habría hecho un llamado implícito a una política presupuestal que reconozca la importancia estratégica del Ministerio Público en la construcción de un Estado de derecho sólido. La institución no habría estado pidiendo privilegios, sino simplemente las herramientas necesarias para cumplir con su mandato constitucional de manera efectiva.
La situación descrita por la Fiscal habría planteado interrogantes fundamentales sobre el compromiso real del Estado peruano con la lucha contra la corrupción y la construcción de instituciones fuertes. Si el discurso oficial promueve la transparencia y la lucha contra la corrupción, pero las acciones presupuestales van en dirección contraria, la coherencia de las políticas públicas quedaría seriamente cuestionada.