Ministerio Público presentó denuncia constitucional contra el ministro de Educación por presunto delito de incitación a la discriminación
El Ministerio Público habría presentado ante el Congreso una denuncia constitucional contra el ministro de Educación, Morgan Quero, por sus polémicas declaraciones sobre los más de 50 fallecidos en las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte. La fiscalía le estaría imputando el presunto delito de incitación a la discriminación en su modalidad agravada.
Como se recuerda, en diciembre del 2024, al ser consultado por una periodista sobre las víctimas de las protestas ocurridas entre diciembre del 2022 y enero del 2023, Quero habría respondido que los derechos humanos «son para personas, no para las ratas», declaraciones que generaron el repudio de la Defensoría del Pueblo y la Organización Nacional de los Familiares de Asesinados y de las Víctimas de las Masacres 2022-2023.
Según argumentaría el Ministerio Público, «esta conducta, realizada desde una posición de autoridad pública, titular de la cartera de Educación, configuraría una modalidad agravada de la incitación pública a la discriminación conforme al artículo 323 del Código Penal».
La fiscalía señalaría que, en el contexto de las investigaciones por este caso y la búsqueda de justicia de los familiares de los fallecidos, las expresiones de Quero constituirían un acto de discriminación que «no solo vulnerarían la dignidad de las víctimas, sino que contravendrían directamente las obligaciones positivas del Estado».
A pesar de la gravedad de las declaraciones, ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso habrían tomado medidas contra el titular del Minedu. En el Parlamento, una moción de censura no prosperó debido al retiro de firmas, mientras que el Gobierno de Boluarte tampoco habría actuado al respecto.
El ministro Quero se habría defendido alegando que no escuchó bien la pregunta de la reportera de «La República» y, según la fiscalía, no se habría retractado de sus declaraciones, limitándose a realizar «aclaraciones públicas» sin mostrar «ningún interés en rectificar su declaración».
De acuerdo con el reglamento del Congreso, la denuncia deberá ser evaluada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por María Acuña (APP), que tendrá 10 días hábiles para calificarla. Si se declara procedente, pasará a la Comisión Permanente en un plazo de 48 horas para continuar con el proceso.
Los constitucionalistas Alejandro Rospigliosi y Erick Urbina considerarían posible que la denuncia prospere, aunque no en un breve plazo debido a la elevada carga procesal de la SAC, estimando que el caso podría ser visto recién por el próximo Congreso.
Esta denuncia se sumaría a otras presentadas contra altos funcionarios del gobierno, incluyendo a la presidenta Dina Boluarte, por los presuntos delitos de homicidio calificado, lesiones graves y lesiones leves, relacionados con los fallecidos y heridos durante las protestas antigubernamentales.
