El hermano de la mandataria habría recibido respaldo oficial tras operativo fiscal que lo vincularía con organización criminal
El domicilio de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, fue allanado nuevamente por la Fiscalía en el marco de investigaciones que lo vincularían con presuntos actos de corrupción dentro de una organización criminal que habría estado liderada por Juan José Santiváñez. Lo que ha generado mayor indignación ciudadana es la reacción oficial: tanto la mandataria como varios ministros de Estado salieron en defensa del llamado «hermanísimo», poniendo en evidencia una falta de imparcialidad que caracterizaría a las más altas instancias del Gobierno.
La presidenta Boluarte minimizó el operativo calificándolo como «un muñeco armado», mientras que su gabinete ministerial desplegó una estrategia coordinada de respaldo que habría expuesto la naturaleza política de su administración ante casos que involucrarían a familiares directos de la jefa de Estado.
El primer ministro Eduardo Arana marcó la postura oficial del Ejecutivo, calificando las acciones del Ministerio Público como un «agravio» al orden constitucional y asegurando que estas «afectan la democracia y la gobernabilidad del país». Para sustentar su posición, Arana habría recurrido al artículo 117 de la Constitución, que el Tribunal Constitucional delimitó recientemente para disponer la inmunidad penal al mandatario durante su gestión. Sin embargo, el premier habría pasado por alto que esta prerrogativa no alcanza a la familia de la presidenta.
«El Ejecutivo en pleno rechaza tajantemente este abuso de poder que se realiza desde el Ministerio Público, el cual con estas acciones se pone del lado del desgobierno, en contra de la Constitución, la democracia, el Estado de Derecho y la institucionalidad», señala el pronunciamiento oficial que habría reflejado la estrategia gubernamental de proteger al círculo familiar de la mandataria.
Morgan Quero, ministro de Educación y considerado uno de los más férreos defensores del gobierno, también cuestionó el procedimiento fiscal. Quero señaló que el allanamiento respondía a una «práctica autoritaria» y criticó duramente al Ministerio Público por la manera en que investiga al hermano de la mandataria.
«Más de 14 horas ha durado este allanamiento al domicilio del señor Nicanor Boluarte. Creo que esto es propio de una práctica absolutamente autoritaria, digna de regímenes totalitarios. Estas medidas buscan quebrar la moral de las personas y, detrás de esa metáfora personal, está la búsqueda de algo que se inició hace mucho tiempo. Como no han podido obligar a la presidenta a renunciar, han desarrollado estas otras estrategias», habría declarado el ministro en lo que se interpretaría como una teoría conspirativa para justificar las investigaciones.
El ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, cuestionó la frecuencia de los operativos, alegando que sería inusual que en menos de un año se haya allanado dos veces la vivienda de Nicanor Boluarte. «¿Dos en un mismo año? ¿Cree la Fiscalía que en una segunda ocasión va a encontrar lo que no halló la primera vez? Consideramos que el Poder Judicial y la Fiscalía han cometido un exceso», habría manifestado, sugiriendo que existirían motivaciones políticas detrás de las investigaciones.
César Sandoval, ministro de Transportes y Comunicaciones, fue más directo en sus declaraciones, asegurando que el hermano de la presidenta sería víctima de «acoso político» y propuso medidas drásticas: «Lo ocurrido hoy con el allanamiento a la casa del señor Nicanor Boluarte es una clara muestra de acoso político permanente contra la mandataria, ministros, funcionarios y familiares. Rechazo el abuso y autoritarismo del Ministerio Público y propongo la reestructuración de esta entidad, así como la reorganización total del Poder Judicial».
Carlos Malaver, ministro del Interior, calificó de «exageración» la acción investigativa llevada a cabo por la Fiscalía. «Como investigador policial que he sido, ya para qué me va a servir después de un mes, de 40, 50 días o tres meses, realizar una diligencia que en muchos casos ni siquiera va a tener provecho o resultados positivos», habría declarado, cuestionando los métodos de investigación fiscal.
Ángel Manero, ministro de Trabajo, enmarcó el caso dentro de una supuesta «criminalización de la política», comparando la situación con casos anteriores: «En los últimos años se ha criminalizado la política, y eso ha debilitado la democracia. El partido Fuerza Popular también fue catalogado como organización criminal por decisión del sistema judicial. El Partido Aprista, en todo caso su líder Alan García, terminó, por la presión de la justicia, quitándose la vida».
Llama la atención el silencio estratégico de Juan José Santiváñez, titular del Ministerio de Justicia y uno de los principales investigados en el caso. Durante la conferencia de prensa realizada el miércoles 27 de agosto en Palacio de Gobierno, Santiváñez habría evitado dar declaraciones sobre los allanamientos que lo vincularían con el presunto favorecimiento a una empresa minera, optando por desviar la atención hacia la situación judicial del exmandatario Martín Vizcarra.
La coordinada respuesta ministerial habría evidenciado una estrategia gubernamental que trataría al hermano de la presidenta «como si fuera el presidente», según observadores políticos, generando serias dudas sobre la independencia de poderes y la imparcialidad de la justicia en casos que involucrarían al entorno familiar de la mandataria.