Ejecutivo habría decidido aprobar polémica norma que beneficiaría a militares y policías involucrados en delitos durante lucha antiterrorista
El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury, habría confirmado este sábado en RPP que el gobierno de Dina Boluarte promulgaría la controvertida ley de amnistía que beneficiaría a militares y policías involucrados en delitos durante la lucha contra el terrorismo antes del año 2000.
«Vamos a promulgar. Hasta donde se ha discutido en el Consejo de Ministros y se ha conversado en el Consejo de Ministros, la ley se va a aprobar», habría declarado el funcionario, revelando así la posición que habría adoptado el Ejecutivo frente a esta polémica normativa.
La decisión se daría pese a la fuerte oposición internacional, particularmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que habría emitido una resolución emplazando al Gobierno peruano para que detenga el trámite de esta ley, argumentando que atentaría contra el cumplimiento de las sentencias de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
El plazo para que el Ejecutivo tome una decisión vencería el próximo 15 de agosto, después de que la Comisión Permanente del Congreso aprobara la norma en julio pasado. Según el proceso legislativo, el gobierno tendría 15 días para promulgar la ley y ponerla en vigencia, o devolverla con observaciones al Parlamento.
La presidenta Dina Boluarte habría expresado previamente su respaldo a esta normativa y habría cuestionado públicamente la intervención de la Corte IDH en asuntos internos del país. Esta posición habría generado tensiones con organismos internacionales de derechos humanos que considerarían la ley como un retroceso en materia de justicia.
Whittembury habría insistido en que el Ejecutivo mantendría una posición firme de respaldo a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que participaron en la lucha contra el terrorismo en décadas pasadas.
«En el Consejo de Ministros liderado por la presidenta de la República y el primer ministro, hay una convicción y una fortaleza, una decisión de seguir adelante en defensa de la democracia del país y que esta ha sido defendida de manera muy intensa por parte de nuestras fuerzas policiales y nuestras Fuerzas Armadas combatiendo el terrorismo», habría resaltado el ministro.
La decisión habría sido tomada en el seno del Consejo de Ministros, donde según las declaraciones del funcionario, existiría consenso para aprobar la controvertida medida que podría beneficiar a cientos de efectivos militares y policiales que enfrentarían procesos judiciales por hechos ocurridos durante el conflicto armado interno.
Esta posición del gobierno habría generado expectativa tanto en sectores que apoyan la medida como en organizaciones de derechos humanos que se oponen categóricamente a su aprobación, considerando que podría significar impunidad para graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado.