Funcionario asegura que demanda «será declarada infundada» mientras Corte Interamericana ordena frenar la norma
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Alcántara, habría minimizado la demanda que la Fiscalía de la Nación presentaría contra la polémica ley de amnistía aprobada por el Congreso. Esta norma beneficiaría a militares, policías y miembros de comités de autodefensa que estarían siendo investigados por presuntos crímenes contra los derechos humanos cometidos entre 1980 y 2000.
En declaraciones públicas, Alcántara habría asegurado que el recurso «sería declarado infundado» por el Tribunal Constitucional (TC) y defendido la legitimidad de la norma. «Lo que va a ocurrir es que el TC, en una evaluación rápida, va a declarar infundada la acción, porque la Constitución, en su artículo 102, establece claramente la facultad que tiene el Congreso para dictar este tipo de leyes», habría señalado.
El titular de Justicia habría agregado que la amnistía buscaría corregir lo que consideró un trato injusto hacia quienes participaron en la lucha contra el terrorismo. «Lo que se está haciendo es cerrar una brecha de injusticia que todavía persiste en nuestro país», habría sostenido.
Sin embargo, el Ministerio Público habría calificado la medida como «jurídicamente inviable» y alertado que «vulneraría principios constitucionales esenciales». Asimismo, organismos de derechos humanos advierten que la amnistía favorecería la impunidad y contradiría compromisos internacionales asumidos por el Estado peruano en materia de justicia transicional.
Corte Interamericana ordena frenar promulgación
La presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Nancy Hernández López, habría instado al Estado peruano a suspender de inmediato el trámite de la cuestionada Ley de Amnistía. La funcionaria habría advertido que su aplicación pondría en riesgo el derecho de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta a acceder a la justicia.
La norma buscaría exonerar de responsabilidad a militares, policías y miembros de comités de autodefensa que estarían siendo investigados por presuntos crímenes cometidos durante el conflicto interno.
La CIDH habría precisado que, si el Gobierno insiste en seguir adelante con la ley, el sistema judicial peruano debería abstenerse de aplicarla en esos procesos. Además, habría subrayado que la suspensión debe mantenerse hasta que la Corte evalúe la solicitud de ampliación de medidas provisionales y determine el impacto de la amnistía en estos casos emblemáticos ya sentenciados.