Red criminal habría operado desde 2014 para facilitar inscripción fraudulenta de partido político mediante copamiento de organismos autónomos
El Ministerio Público ha presentado una acusación devastadora contra una presunta organización criminal que habría operado desde 2014 con el objetivo de capturar ilegalmente organismos autónomos como la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La red criminal estaría liderada por el congresista José Luna Gálvez y habría facilitado la inscripción fraudulenta del partido político Podemos por el Progreso del Perú.
La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada habría presentado requerimiento mixto contra 19 presuntos integrantes de la organización criminal, además de 2 personas jurídicas: la universidad privada Telesup y el partido político Podemos Perú.
Las penas solicitadas serían demoledoras
Los fiscales han solicitado penas de prisión efectiva que alcanzarían niveles históricos. José Luna Gálvez enfrentaría 22 años y ocho meses de cárcel por organización criminal y cohecho activo específico. Su hermano José Luna Morales recibiría 16 años y cuatro meses por los mismos delitos.
Los exconsejeros del CNM Guido Águila y Sergio Noguera afrontarían las penas más severas: 26 años de prisión por organización criminal, cohecho pasivo específico y enriquecimiento ilícito. José Cavassa, otro implicado clave, estaría expuesto a 16 años y cuatro meses por organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
El millonario esquema de corrupción
Las multas solicitadas revelarían la magnitud del presunto esquema criminal. La Universidad Telesup enfrentaría una multa de 500 UIT (S/ 2,775,000), mientras que el partido Podemos por el Progreso del Perú pagaría 250 UIT (S/ 1,337,500). Los imputados individuales afrontarían multas entre 200 y 850 días-multa.
Las tres fases del plan criminal
La acusación fiscal habría identificado tres etapas estratégicas en la operación criminal:
Fase 1: Captura del CNM La organización habría captado a exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura mediante beneficios económicos provenientes de Telesup. El objetivo sería impedir la ratificación de Mariano Cucho y designar como jefe de la ONPE a Adolfo Castillo, quien estaría alineado con los intereses de la red.
Fase 2: Copamiento de la ONPE Tras el nombramiento de Castillo, se habrían designado funcionarios vinculados a la organización criminal en cargos estratégicos del organismo electoral. Muchos serían extrabajadores o personas vinculadas a la universidad Telesup, permitiendo el control político interno de la ONPE.
Fase 3: Inscripción fraudulenta Mediante procedimientos irregulares y verificación acelerada de firmas, funcionarios de la ONPE habrían facilitado la inscripción del partido político fundado por Luna Gálvez, vulnerando principios de transparencia y legalidad electoral.
Medidas cautelares severas
La fiscalía habría solicitado impedimento de salida del país por 18 meses para 10 imputados, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años y ocho meses para exfuncionarios de la ONPE.
Esta acusación representaría un golpe demoledor contra las redes de poder que intentarían capturar instituciones del Estado. El caso marcaría un precedente en la lucha contra la corrupción política y la defensa de la institucionalidad democrática en el país.
El proceso judicial que se avecina promete revelar los entresijos de uno de los esquemas de corrupción más sofisticados de los últimos años, donde la educación superior, la política y los organismos electorales habrían convergido en una red criminal sin precedentes.