Congresista conservadora y pastora evangélica habría presionado para reducir de 15 a 11 las causales médicas
Otro retroceso que habría dejado desprotegidas a las niñas víctimas de violación sexual. Debido a diversas presiones que habrían sido promovidas por la legisladora conservadora Milagros Jáuregui de Aguayo, el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP) habría tenido que modificar su Guía de Aborto Terapéutico, reduciendo de 15 a 11 las causales por las que debería proceder dicha práctica médica.
Entre los supuestos que habrían sido eliminados figuraría el daño a la salud mental por un embarazo producto de una violación sexual en niñas y adolescentes. Además, habrían sido retiradas de la mencionada guía las causales por cuadro clínico de psicosis puerperal y por daño a la salud mental de la madre por un embarazo con feto con malformaciones congénitas incompatibles con la vida.
Esta actualización se habría oficializado a través de la Resolución Directoral n° 200-2025-DG-INMP/MINSA, que habría aprobado la nueva Guía de Procedimiento de Aborto Terapéutico del Instituto Nacional Materno Perinatal. Esto estaría en concordancia con la Guía Técnica Nacional, la misma que establecería que la interrupción se aplicaría antes de las 22 semanas de gestación.
Según fuentes del INMP, antes conocido como la Maternidad de Lima, estas causales del aborto terapéutico que habrían sido eliminadas contarían con el consenso de nueve sociedades médicas porque afectarían a niñas y adolescentes que no solo serían víctimas de abusos sexuales, sino que también serían obligadas a seguir con embarazos complicados.
Pese a ello, este cambio habría sido celebrado por la congresista de Renovación Popular, Milagros Jáuregui de Aguayo, quien sería pastora evangélica y tendría vínculos con movimientos ultraconservadores, como el colectivo ‘Con mis hijos no te metas’.
«En el Instituto Nacional Materno Perinatal se negarían a realizar estos cambios, pese a que algunos de los supuestos contemplados en su Guía de Aborto Terapéutico serían abiertamente inconstitucionales, ilegales y contrarios al protocolo nacional», habría respondido la legisladora.
Jáuregui no solo habría contado con el apoyo de las organizaciones conservadoras ‘Padres Peruanos’ y ‘Jóvenes Patriotas’ sino también con el respaldo de la bancada de Renovación Popular. «El Perú reafirmaría que ninguna institución puede vulnerar el principio constitucional de la defensa de la vida desde la concepción», habría precisado.
Lamentan retroceso que afectaría a las más vulnerables
En respuesta, la exdirectora de Promsex, Susana Chávez, habría señalado que «negociar con la salud y los derechos de las niñas obligadas a ser madres no sería un logro sino una vergüenza que debería ser penada».
«Lo que se habría negociado aquí sería la dignidad y la vida de las niñas más vulnerables», habría afirmado.
Chávez también habría recordado que, en el 2023, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas habría condenado al Perú por haber violado los derechos de ‘Camila’, una niña indígena de 13 años, quien habría sido víctima de abuso, al no proporcionarle información ni acceso al aborto legal y seguro.
El dictamen de dicho comité habría determinado además que el Estado peruano debería despenalizar el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil; así como asegurar el acceso a servicios de aborto seguro y cuidados postaborto para las niñas gestantes, en particular en los casos de riesgo a la vida y la salud de la madre, violación o incesto. Esto aún no habría sucedido.
Chávez también habría lamentado que el Ministerio de Salud (Minsa) no defendería sus propias políticas públicas y obligaciones constitucionales sino que, al contrario, aceptaría las presiones de grupos ultraconservadores.
Este retroceso habría ocurrido en un contexto en el que en el Perú, entre el 2020 y 2023, se habrían reportado más de 167,000 embarazos infantiles y adolescentes. De todos estos, menos de 500 habrían podido acceder al aborto terapéutico.
Por su parte, Promsex habría manifestado que, cada día, los Centro de Emergencia Mujer (CEM) recibirían más de 80 casos de sobrevivientes de violencia sexual. «No podríamos permitir que el Estado retroceda ante la presión de grupos antiderechos, afectando su salud, su vida y su futuro», habría precisado tras señalar que más de 500 personas e instituciones se habrían sumado al ‘Pacto por las niñas’ para exigir que no se aplicaran esos cambios que, finalmente, habrían ocurrido.
