Oficina secreta opera desde hace dos meses con 70 empleados para preparar bicameralidad
El Congreso de la República habría establecido una nueva unidad ejecutora en un edificio de San Luis, perteneciente presuntamente a un militante de Somos Perú, generando cuestionamientos sobre la transparencia en el uso de recursos públicos. La Unidad Ejecutora «Implementación del Modelo de la Infraestructura y Funcionamiento de la Bicameralidad del Poder Legislativo» (UEB) operaría desde hace dos meses con un costo de alquiler que alcanzaría los S/ 480 mil.
Según otras fuentes noticieras, en este local trabajarían cerca de 70 empleados dedicados a preparar la llegada de 60 senadores que se sumarían a los actuales 130 legisladores, con el objetivo de instalar el Congreso bicameral en el 2026. Esta oficina funcionaría de manera distante a la sede central del Parlamento, lo que habría dificultado su supervisión y control.
La Comisión de Fiscalización del Congreso, liderada por el legislador Juan Burgos, reveló la existencia de esta oficina tras una visita inopinada. Según el reporte, la Oficialía Mayor no habría entregado información sobre el costo del alquiler, el número de trabajadores y sus sueldos, manteniendo un hermetismo que genera sospechas.
El jefe de la UEB, Enrique Fernández Paniagua, percibiría un salario cercano a S/ 20,000 mensuales, según las investigaciones realizadas. Esta cifra se sumaría a los gastos operativos de una unidad que trabaja en las sombras, lejos del escrutinio público.
El Sindicato de Trabajadores Parlamentarios cuestionó la elección de un local tan alejado del Palacio Legislativo. «Hemos llamado (al dueño del local) y ha dicho que como empresario está en la potestad de realizar el alquiler a quien se le solicite. Es verdad, pero tenemos que tener en cuenta que la Mesa Directiva debe actuar con transparencia, ¿por qué tan lejos de la sede central del Parlamento?, ¿hay algo oculto ahí? El presidente de la Mesa Directiva tendrá que responder», manifestó el congresista Héctor Valer, de Somos Perú.
Esta situación evidenciaría una vez más la falta de transparencia en el manejo de recursos públicos por parte del Congreso, institución que debería dar ejemplo de probidad y rendición de cuentas. La ciudadanía tiene derecho a conocer en qué se invierten sus impuestos, especialmente cuando se trata de preparativos para una reforma constitucional tan importante como la bicameralidad.
