Expresidente vuelve a proclamarse inocente y denuncia persecución política en audiencia por intento de golpe de Estado
En medio del juicio que se le sigue por el presunto intento de golpe de Estado y abuso de autoridad ocurrido el 7 de diciembre de 2022, el expresidente Pedro Castillo habría vuelto a proclamarse inocente y a denunciar una supuesta persecución política en su contra. Esta vez, lo habría hecho al momento de su identificación en la audiencia y no habría dudado en mencionar a Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, quien se encontraría en el ojo público debido a su restitución por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
«Una vez más la Fiscalía no puede demostrar lo que se me viene imputando. Nunca se cerró el Congreso y nunca también las demás instituciones. Ahora se quiere forzar el tipo penal como ya no pueden probar el delito de rebelión. Esta imputación, como la ve el país, es más falsa que la tesis de Patricia Benavides», habría referido el expresidente.
Durante la última sesión de audiencia ocurrida el 12 de junio, el abogado de la exministra Betssy Chávez habría sido sancionado por la Corte Suprema. Noblecilla se habría referido con adjetivos hacia la tesis que sostendría la Fiscalía representada por Edward Casaverde. «Se ha hablado de ignorancia en todo momento porque ha sido una tesis ignorante. No diré que el señor fiscal lo sea, pero sí creo que es una teoría con muchas taras», habría mencionado.
Es importante recordar que tanto Castillo como Chávez habrían declarado estar en contra de los magistrados que llevarían el juicio. Incluso la exministra habría recusado a los jueces aunque sin éxito. Además, el exmandatario en cada una de sus intervenciones al momento de su presentación habría arremetido contra la magistrada Norma Carbajal.
Defensa Presenta Petición ante la CIDH para Solicitar su Libertad
La defensa del expresidente Pedro Castillo habría presentado un nuevo recurso legal ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El documento, elaborado por el abogado Carlos Alberto Manuel Perea Pasquel, buscaría anular la orden de prisión preventiva que pesaría sobre Castillo y plantearía que este pueda continuar su proceso judicial en libertad, bajo vigilancia electrónica.
En el escrito se sostendría que el exmandatario sería un «preso político» y se señalaría que su caso habría estado marcado por presiones externas que habrían interferido en el debido proceso. En diálogo con diversos medios, el abogado Perea Pasquel habría explicado que el recurso se presentó como una petición ante la CIDH, sustentada en antecedentes y fundamentos jurídicos que demostrarían el carácter político de la detención de Castillo.
El letrado habría recordado que desde su arresto, alrededor de 30 abogados habrían impulsado diferentes acciones legales a su favor, incluyendo solicitudes para restituirlo en la presidencia, levantarle el fuero de forma regular o permitirle cumplir arresto domiciliario. No obstante, todos estos pedidos habrían sido desestimados.
Además, habría cuestionado que se insista en tipificar el caso como delito de rebelión, pese a que no existiría evidencia documental que acredite un levantamiento armado, requisito fundamental para que dicho delito se configure.
