Un exjuez supremo implicado en corrupción podría volver al cargo mientras enfrenta acusaciones de cohecho
Señores y señoras, nos encontramos ante una situación que refleja las contradicciones del sistema judicial peruano. El Poder Judicial ha ordenado el inicio de un juicio oral contra el exjuez supremo Martín Hurtado Reyes, figura clave implicada en el escandaloso caso «Los Cuellos Blancos del Puerto». La Fiscalía estaría solicitando seis años de prisión por el presunto delito de cohecho activo específico.
Pero aquí viene lo que indigna a cualquier ciudadano de bien: este llamado a juicio ocurriría en medio de un escenario legal paradójico. El Tribunal Constitucional (TC) habría ordenado recientemente la reposición de Hurtado a su cargo de juez supremo, del cual había sido destituido. Sí, leyeron bien: mientras lo llevan a juicio por corrupción, le ordenan que regrese a impartir justicia.
La Acusación Penal: Las Preguntas del Examen Entregadas
El juicio oral, aprobado por el juez Juan Carlos Checkley, se basaría en una grave acusación de la Fiscalía. Se alega que Hurtado Reyes habría sido favorecido ilegalmente para ganar su plaza de juez supremo en la convocatoria del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en 2017.
Según un colaborador eficaz, el entonces presidente del CNM, Guido Águila, le habría entregado por adelantado las preguntas del examen a Hurtado, permitiéndole obtener el puntaje máximo de 80 puntos. Una trampa que cualquier estudiante reconocería como fraude, pero que aquí estaríamos hablando del más alto nivel de la justicia peruana.
La acusación se reforzaría con registros de llamadas telefónicas entre Hurtado y personas del círculo de Águila, así como con el prófugo exjuez César Hinostroza, en fechas clave de la votación para su nombramiento. La Fiscalía sostendría que el soborno ofrecido por Hurtado habría sido la promesa de estar sujeto a la organización criminal.
La Decisión del TC: Un Error de Forma Salva al Acusado
Mientras la justicia penal avanza en su investigación, la justicia constitucional habría seguido un camino paralelo que beneficiaría al acusado. En octubre, el Tribunal Constitucional (TC) anuló la destitución de Hurtado, que había sido impuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en 2021.
Y aquí está lo que deben entender, señores: el TC no declaró inocente a Hurtado. La anulación se habría debido a un error de procedimiento, un «vicio de nulidad», ya que el TC habría considerado que la JNJ utilizó un tipo de proceso disciplinario incorrecto para destituirlo.
Al anular la sanción disciplinaria por este error formal, el TC ordenó que Hurtado sea reincorporado a su puesto. Es decir, por una cuestión de formas y no de fondo, un juez acusado de corrupción podría volver a sentarse en el máximo tribunal de justicia del país.
Una Justicia que se Burla de los Ciudadanos
Esta situación expone las profundas contradicciones y deficiencias de nuestro sistema judicial. Mientras un ciudadano común enfrentaría consecuencias inmediatas ante acusaciones similares, figuras del poder judicial encontrarían tecnicismos legales para mantenerse en el sistema.
La pregunta que deberían hacerse todos los peruanos es: ¿Cómo puede un juez acusado de haber comprado su cargo mediante corrupción volver a ejercer la función de impartir justicia? ¿Qué mensaje se envía a la ciudadanía cuando los supuestos guardianes de la ley operan por encima de ella?
El caso de Martín Hurtado Reyes sería otro ejemplo más de cómo la red de «Los Cuellos Blancos del Puerto» habría penetrado los niveles más altos de la justicia peruana, y cómo el sistema mismo parecería proteger a sus propios miembros, incluso cuando enfrentan graves acusaciones de corrupción.