La protección parlamentaria habría prevalecido sobre la justicia en una votación que genera controversia
La Comisión Permanente del Congreso habría blindado a Rosío Torres (APP) de las investigaciones por presuntamente recortar el salario de los trabajadores de su despacho. Con 10 votos a favor, 9 en contra y 7 abstenciones, el grupo de trabajo aprobó el informe final presentado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), liderado por María Acuña (APP), que recomendaba el archivo definitivo de las denuncias constitucionales acumuladas 456, 361 y 370.
Acuña, quien sustentó el informe frente a la Comisión, aseguró que no se habría demostrado la vulneración de los artículos 1, 2 (inciso 5), 22, 23, 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Perú. Asimismo, indicó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no serían suficientes para acusar a Torres del delito contra la administración pública.
La SAC habría encomendado al congresista Segundo Quiroz la elaboración del informe final y este concluía que la denuncia constitucional contra su colega de APP carecería de elementos probatorios. «Se dispone el archivamiento de la acusación contra la congresista Rosío Torres la cual crece de sustento jurídico, probatorio y fáctico, lo que impide continuar con el proceso», expresó Quiroz al cierre de la lectura de su informe en la sesión del 7 de febrero último.
Tras la lectura de dicho informe, no hubo intervenciones, por lo que se procedió a la votación del mismo. Finalmente fue archivado con 15 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones. En dicha oportunidad, tras ser consultada por un posible blindaje, Acuña indicó: «Esta Subcomisión no está blindando a nadie, todo depende de la votación de los congresistas, tendríamos que preguntarle a cada uno de los que han votado. […] El congresista delegado ha concluido el archivamiento después de haber investigado y no dar lugar a que continúe esta denuncia».
También archivan denuncia contra exministra de Salud
En la sesión de este 24 de julio, también se habrían archivado denuncias constitucionales contra la exministra de salud, Rosa Bertha Gutiérrez Palomino, con 19 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. A Gutiérrez se le atribuía la presunta comisión del delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, contemplado en el artículo 377 del Código Penal, por presuntas irregularidades durante la pandemia por Covid-19.
Fue Patricia Chirinos quien presentó la denuncia constitucional contra Gutiérrez. «He presentado DC contra la exministra de Salud, solicitando su inhabilitación de toda función pública por 10 años. Sus infracciones a nuestra Constitución y los delitos en los que habrían incurrido, como homicidio culposo y exposición al peligro de muerte, así lo ameritan», dijo en su momento.
Esta decisión del Congreso generaría nuevas críticas sobre el funcionamiento del sistema de justicia parlamentaria y la protección que se brindaría a los legisladores investigados por presuntos actos de corrupción.