Tribunal Constitucional escuchó alegatos sobre presunto lavado de activos por $10 millones en campañas de 2011 y 2016
El Pleno del Tribunal Constitucional decidirá en los próximos días si ordena o no al Ministerio Público archivar definitivamente el proceso judicial contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y otras treinta personas por el llamado «Caso Cócteles». La excandidata presidencial estaría imputada por presuntos delitos de lavado de activos agravado y organización criminal.
Los hechos investigados se centrarían en la introducción de aportes ilícitos por casi $10 millones en el financiamiento de las campañas electorales de 2011 (Fuerza 2011) y 2016 (Fuerza Popular). Estos recursos habrían provenido de la empresa brasileña Odebrecht y empresas nacionales, y se habrían introducido a través de «falsos aportantes» o «aportantes fantasmas».
Durante la audiencia del martes, la abogada Giuliana Loza, defensora de Fujimori, solicitó mediante recurso de hábeas corpus que se declare que los hechos imputados a su patrocinada no podrían tipificarse como delito de lavado de activos, por lo que el caso tendría que ser archivado.
Los argumentos de la defensa
La defensa argumentó que a Keiko Fujimori se le atribuiría el presunto delito de lavado de activos en la modalidad de «receptación patrimonial», es decir, recibir aportes de dinero conociendo su origen ilícito. Sin embargo, sostuvieron que esta modalidad delictiva no habría estado penalizada en las leyes aplicables para las campañas de 2011 y 2016, ya que recién habría entrado en vigencia en noviembre de 2016.
Según Loza, aplicar retroactivamente una norma no vigente al momento de los hechos quebraría el principio de legalidad penal y convertiría el proceso en «un mecanismo de persecución arbitrario e indebido».
Respecto al delito de organización criminal, la defensa cuestionó que se impute como finalidad delictiva el hecho de que «Fuerza Popular pretendía ganar las elecciones presidenciales», argumentando que esto sería una finalidad política legítima y no criminal.
La posición de la Procuraduría
Por su parte, la procuradora adjunta del Poder Judicial, Mayra Choque, sostuvo que los presuntos hechos delictivos atribuidos a la excandidata presidencial sí habrían sido punibles en 2011 y 2016.
La representante del Poder Judicial recordó que en el caso de lavado de activos, a Fujimori se le imputaría haber pretendido ocultar el ingreso del dinero para evitar la identificación de su ilicitud. El uso de falsos aportantes y de manera oculta confirmaría la tipificación del delito.
Además, explicó que a Fujimori no solo se le imputaría haber creado una organización criminal para llegar al poder, sino que también habría tenido una finalidad económica: una vez obtenido el poder político, habría pretendido «pagar los favores a las empresas que entregaron millones de dólares» otorgándoles obras públicas.
¿Qué sigue?
El pleno del TC, conformado por los magistrados Helder Domínguez, Francisco Morales, César Ochoa, Gustavo Gutiérrez y Pedro Hernández, evaluará los argumentos presentados. La presidenta Luz Pacheco y Manuel Monteagudo revisarán los videos de la sesión para emitir su voto.
De ser amparado el recurso de hábeas corpus, el proceso conocido como Caso Cócteles podría ser archivado definitivamente por orden del Tribunal Constitucional, lo que representaría un punto final a una de las investigaciones más mediáticas contra la lideresa fujimorista.
