Magistrado determina que investigación preliminar habría excedido los plazos establecidos por ley
Señores y señoras, una vez más la justicia peruana estaría mostrando sus grietas. El Poder Judicial habría ordenado al Ministerio Público que concluya de una vez por todas la investigación preliminar que se seguiría contra la presidenta Dina Boluarte por los presuntos delitos de lavado de activos y financiamiento prohibido de organizaciones políticas.
Esta investigación se remiontaría al momento en que Boluarte habría sido parte de la campaña electoral de Perú Libre en el 2021, cuando aún no tenía la condición de «aforada» que ostenta ahora como mandataria desde el 7 de diciembre de 2022.
El juez Fernando Valdez Pimentel habría declarado «fundada» la solicitud de control de plazo presentada por la defensa legal de la presidenta, determinando que la Fiscalía habría excedido los tiempos establecidos para este tipo de investigaciones preliminares.
La resolución, emitida el pasado 13 de agosto según informes de RPP, ordenaría que la Fiscalía a cargo del caso debe pronunciarse definitivamente: archivar el caso o formalizar una investigación preparatoria contra Boluarte por estos hechos que habrían ocurrido cuando no gozaba de fuero presidencial.
Defensa alega irregularidades en ampliaciones
La defensa legal de la jefa de Estado habría argumentado que las diligencias preliminares iniciaron el 19 de enero de 2023 por un plazo de ocho meses, las cuales habrían vencido el 16 de septiembre de ese año. Sin embargo, se habrían realizado tres ampliaciones del plazo de investigación preliminar, lo que iría contra la jurisprudencia de la Corte Suprema.
Por su parte, el Ministerio Público habría solicitado rechazar la petición de la defensa, argumentando que se trataría de un caso complejo que comprendería delitos de lavado de activos, financiamiento ilegal de partidos políticos, organización criminal y otros, estableciendo un plazo máximo de 36 meses que recién vencería en enero de 2026.
No obstante, el magistrado Valdez habría determinado que, según la doctrina jurisprudencial reciente, una vez vencido el plazo primigenio de la investigación preliminar, no correspondería su ampliación sino su conclusión inmediata.
«A la fecha de hoy, han trascurrido aproximadamente un año y once meses — incluso a puertas de concluir los tres años [en enero de 2026] — tiempo más que suficiente para que el Ministerio Público realice los actos urgentes e inaplazables propios de la fase de investigación preliminar», habría precisado el magistrado en su resolución.
Investigación por cuenta mancomunada
La Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos también estaría investigando a Dina Boluarte por presuntamente haber generado una cuenta mancomunada a favor de Perú Libre, con el objetivo de recaudar fondos de los militantes para el pago de una reparación civil impuesta al prófugo líder Vladimir Cerrón.
El magistrado habría remarcado que todos los actos procesales realizados por la Fiscalía posteriores al 16 de septiembre de 2023 mantienen su plena validez, pero la presión por definir el rumbo de esta investigación estaría aumentando.
Esta decisión judicial representaría un momento clave para determinar si la presidenta Boluarte enfrentaría cargos formales por estos presuntos delitos cometidos antes de asumir el más alto cargo del país, o si el caso se archivaría definitivamente.