SAC descarta responsabilidad política tras rechazo con 11 votos a favor del blindaje
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso habría vuelto a proteger a la presidenta Dina Boluarte al archivar una nueva denuncia constitucional en su contra por las muertes de manifestantes durante las protestas que se habrían registrado entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
El informe final habría sido presentado por José Jerí, congresista de la bancada Somos Perú y voceado candidato a la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, quien habría recomendado el archivo de la denuncia. Los argumentos habrían sido que no se encontraron elementos ni pruebas suficientes para imputar a Boluarte. El documento fue aprobado por mayoría durante la sesión que se realizó en reserva, y que estuvo encabezada por María Acuña, legisladora de Alianza para el Progreso (APP).
El archivo no bloquearía el proceso penal que seguiría el Ministerio Público en contra de la mandataria, pero descartaría la responsabilidad política desde el Congreso. Según fuentes parlamentarias, con esta decisión, ya serían más de 20 las denuncias contra Dina Boluarte que habrían sido archivadas, protegiéndola así de enfrentar un juicio político.
Durante la sesión del SAC se habrían archivado sin debate cuatro denuncias constitucionales contra Boluarte. Tres de ellas estarían vinculadas a las muertes durante las protestas de fines del 2022 e inicios del 2023, mientras que la restante habría acusado a la jefa de Estado de presuntamente usurpar funciones del expresidente Pedro Castillo.
El informe que habría recomendado el archivo fue aprobado por mayoría con 11 votos a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Los votos a favor habrían venido de congresistas de APP, Fuerza Popular, Renovación Popular y Acción Popular. No se habría registrado debate alguno antes de la votación.
Las denuncias archivadas habrían sido presentadas por la parlamentaria Silvana Emperatriz Robles Araujo y también habrían acusado al exministro de Defensa y expresidente del Consejo de Ministros Luis Alberto Otárola, los exministros del Interior César Cervantes y Víctor Eduardo Rojas; y el exministro de Defensa Jorge Chávez, por la posible comisión de los delitos de homicidio calificado y lesiones graves.
Durante las manifestaciones violentas en diciembre de 2022 y enero de 2023, tras el intento de golpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo y su posterior vacancia, habrían fallecido 49 personas en enfrentamientos con las autoridades. La Fiscalía habría interrogado a Boluarte para determinar si ella ordenó el ataque armado contra los protestantes, pero la mandataria habría negado tales acusaciones, afirmando que el Consejo de Ministros aprobó los planes operativos de las fuerzas del orden.
Este nuevo blindaje se habría producido en el contexto de las negociaciones para la nueva Mesa Directiva del Congreso, donde José Jerí, quien presentó el informe de archivo, estaría siendo considerado como candidato a la presidencia del Parlamento, pese a enfrentar denuncias por presunta violación sexual y enriquecimiento ilícito.