Fiscalía encuentra que grabaciones de locales del empresario chino desaparecieron justo en las fechas que visitó el presidente encapuchado
El presidente José Jerí enfrenta el escándalo más grave de su gestión. La Fiscalía Anticorrupción ha descubierto que los sistemas de videovigilancia de los negocios del empresario chino Zhihua Yang presentan alteraciones sospechosas que habrían borrado las pruebas clave de sus encuentros secretos con el mandatario.
Un documento fiscal revela que los DVRs del Market Capón del Centro de Lima —el mismo local que visitó Jerí— habrían sido «manipulados». Pero la cosa no queda ahí: las grabaciones de todos los locales vinculados al empresario chino muestran un patrón que enciende todas las alarmas.
EL VACÍO SOSPECHOSO EN LAS GRABACIONES
¿Coincidencia o encubrimiento? Los DVRs del chifa y del Market Capón de San Borja solo conservan videos desde el 22 de enero hacia adelante. Mientras tanto, el local del Centro de Lima —donde se captó al presidente en una visita no oficial— tiene grabaciones únicamente desde el 16 de enero en adelante.
¿El problema? Las visitas del mandatario ocurrieron ANTES de esas fechas. El 26 de diciembre del 2025, Jerí habría llegado encapuchado al chifa de la avenida San Luis en San Borja. Las imágenes, que Punto Final difundió el 11 de enero pasado, generaron un terremoto político.
La segunda visita documentada fue al Market Capón del Centro de Lima el 6 de enero del 2026. Cuarto Poder publicó esas imágenes el 18 de enero. Ambos reportajes sacudieron al país, pero ahora surge la pregunta: ¿cuántas reuniones más hubo que nunca veremos?
CUANDO LOS INVESTIGADORES REVISARON LOS VIDEOS: NADA
La Fiscalía Anticorrupción, con el apoyo de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor-PNP), realizó una exhaustiva revisión de los DVRs entre el 28 y 29 de enero del 2026. Algunos fueron entregados voluntariamente, otro fue incautado. El resultado: ni rastro de las visitas presidenciales.
Según la Disposición Fiscal Nro. 4 del 2 de febrero del 2026, firmada por la fiscal Diana Paico, se encontró algo inquietante. Durante la revisión de los equipos del ‘Salón Xin Yun’ y Market Capón de San Borja, ambos sistemas presentaban «coincidentemente» almacenamiento solo a partir del 22 de enero del 2026 hasta el día de la diligencia.
El mismo patrón se repitió con los DVRs del Market Capón del Jirón Paruro en el Centro de Lima, con la salvedad de que ahí las grabaciones comenzaban el 16 de enero. Demasiada coincidencia para ser creíble.
PERICIA FORENSE BUSCARÁ LO QUE HABRÍAN QUERIDO OCULTAR
La fiscal Paico no se quedó de brazos cruzados. Ante la evidencia de posible alteración, ordenó de inmediato una «Pericia Informático Forense» para intentar recuperar toda la información desde diciembre del 2025 hasta el 29 de enero del 2026.
Los expertos forenses tendrán dos misiones cruciales: primero, recuperar el «material audiovisual presuntamente suprimido de los 5 DVR’s». Segundo, determinar con certeza si existió «manipulación, edición o adulteración» de los dispositivos.
La Oficina Central de Peritajes del Ministerio Público ya tiene la orden de designar a un perito informático forense para realizar el examen. Los resultados podrían definir el futuro político del presidente Jerí.
112 MILLONES EN JUEGO: EL VERDADERO MOTIVO DE LAS REUNIONES
Pero este caso va mucho más allá de videos borrados. La investigación fiscal apunta a desentrañar si hubo tráfico de influencias para favorecer los negocios del empresario chino Zhihua Yang, conocido como ‘Jhonny’.
Los investigadores sospechan que Yang habría buscado dos objetivos concretos a través de su amistad con el presidente: primero, revertir la clausura del Market Capón del Jirón Paruro. Segundo —y aquí está el verdadero jugoso negocio—, convertirse en proveedor del Estado en una licitación millonaria.
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), organismo del Ministerio de Transportes, habría estado por licitar la compra de cámaras de videovigilancia para 8.000 buses de transporte público. El monto: nada menos que S/ 112 millones.
Y aquí viene lo revelador: las empresas de Zhihua Yang se especializan en importación de fibra óptica, lentes, binoculares, cámaras de seguridad, proyectores, drones y equipos fotográficos. Justo lo que se estaba por licitar.
LAS BASES QUE SE MODIFICARON TRAS LA VISITA A PALACIO
Según la fiscalía, Yang habría visitado Palacio de Gobierno en diciembre del 2025. ¿Casualidad? Después de ese encuentro, las Bases de la licitación de las cámaras se habrían modificado por tercera vez, flexibilizando convenientemente los requisitos.
Entre los cambios más llamativos: se amplió de 30 a 60 días el plazo para entregar el primer lote de cámaras. Como si alguien necesitara más tiempo para prepararse.
El documento fiscal del 9 de febrero también revela otro dato clave: «el presidente José Enrique Jerí Oré también habría visitado las instalaciones del Ministerio de Transportes». ¿Para qué habría ido el mandatario al ministerio encargado de la licitación que beneficiaría a su amigo empresario?
LA DEFENSA DEL EMPRESARIO: «TODO ES FALSO»
China Polo Dominical se comunicó con Raquel Nuñuvero, abogada defensora de Zhihua Yang, para conocer su versión de los hechos. La letrada fue contundente: rechazó y calificó de «falso» los términos empleados por la fiscalía.
Nuñuvero argumentó que todavía no existe ningún informe pericial sobre los videos y que, debido a la reserva de la investigación, no podía dar mayores detalles. Sin embargo, admitió que su defensa ha cuestionado el documento fiscal donde se menciona la posible «manipulación» de las grabaciones, precisamente porque los términos usados no serían «acordes a la realidad».
Cuando se le preguntó directamente si existió o no borrado de los videos —considerando que solo aparecen grabaciones desde mediados de enero en adelante— la abogada se negó a responder. Alegó que sería una infracción a sus deberes profesionales hablar sobre información reservada de la investigación.
18 DE FEBRERO: EL EMPRESARIO DEBERÁ DAR LA CARA
La Dircocor-PNP ya tiene fecha y hora. El próximo 18 de febrero, Zhihua Yang deberá presentarse a rendir su declaración indagatoria. Ahí tendrá que explicar cara a cara los detalles de sus reuniones con el presidente José Jerí.
Pero eso no es todo. El empresario está obligado a entregar una serie de documentos que la fiscalía considera vitales para la investigación: la copia fedateada del libro contable del Market Capón del Jirón Paruro, la lista completa de personas que trabajaron en el local durante diciembre 2025 y enero 2026, bajo cualquier modalidad de contratación.
El chifa ‘Salón Xin Yan’ también deberá aportar documentación: un informe del personal que laboró en diciembre 2025 y la copia fedateada del libro contable de ese mismo mes.
PALACIO DE GOBIERNO TENDRÁ QUE ABRIR SUS REGISTROS
La fiscalía no se anda con medias tintas. Ha requerido al Despacho de la Presidencia de la República que entregue la copia fedateada de la Bitácora de los vehículos oficiales asignados al despacho presidencial de diciembre de 2025 y enero de 2026.
¿Qué buscan? Establecer si el presidente usó carros del Estado para sus visitas clandestinas al empresario chino.
Seguridad del Estado también tendrá que colaborar, remitiendo un informe con los nombres completos del personal que integra el equipo de seguridad presidencial correspondiente a esos mismos meses. Alguien tuvo que saber de esas salidas.
EL EVENTO CHINO QUE CAMBIÓ MISTERIOSAMENTE DE SEDE
Otro frente de investigación se abrió en torno al «Día de la confraternidad Perú – China – 2026». La fiscalía solicitó a la Embajada de la República Popular China que informe sobre todas las coordinaciones previas para este evento, especificando qué funcionarios del despacho presidencial participaron.
Pero lo más intrigante es el cambio de sede. Primero se anunció que el evento se realizaría en los exteriores del Palacio de Gobierno. Luego, sin explicación pública, se trasladó a la explanada del Ministerio de Cultura. La fiscalía quiere saber por qué.
También requirieron un informe crucial: si el ciudadano chino Zhihua Yang forma parte de alguna delegación oficial para eventos protocolares entre la embajada china y Perú. De ser así, ¿cómo es que el presidente tenía que reunirse con él a escondidas?
EL MINISTERIO DE CULTURA TAMBIÉN TENDRÁ QUE EXPLICAR
El Ministerio de Cultura no se salva del escrutinio fiscal. Deberá presentar un informe detallado sobre las coordinaciones que realizaron sus funcionarios con el Despacho Presidencial y la Embajada China para organizar el evento de confraternidad.
Nuevamente, las autoridades exigen explicaciones sobre el cambio de ubicación del evento. ¿Por qué se movió de Palacio de Gobierno al Ministerio de Cultura? ¿Quién tomó esa decisión y por qué?
OTRAS IRREGULARIDADES EN LA MIRA
La investigación también incluye una planta de cerámicas de propiedad del empresario chino, ubicada en el kilómetro 286 de la Panamericana Sur, donde se habrían detectado presuntas irregularidades que la fiscalía no ha detallado públicamente.
Además, el Ministerio de Energía y Minas deberá remitir toda la documentación relacionada con la concesión otorgada a la empresa Hidroeléctrica America SAC —también propiedad de Zhihua Yang— para la instalación de una central hidroeléctrica en el río Pachachaca, ubicado en Abancay.
La fiscalía quiere revisar todos los expedientes tramitados y/o en curso presentados por Zhihua Yang en su condición de gerente general, representante o apoderado de cualquier empresa. Buscan establecer un patrón de favoritismo.
120 DÍAS PARA DESENTERRAR LA VERDAD
La fiscal Diana Paico ha establecido un plazo de 120 días para completar la investigación contra Zhihua Yang y todos los que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de Tráfico de Influencias, en agravio del Estado.
Los videos borrados, las licitaciones modificadas, las visitas encapuchadas, los cambios de sede inexplicables… todo apunta a un posible esquema de corrupción que habría llegado hasta el máximo nivel del poder.
Señores, señoras: esta boca no la calla nadie. Y si los videos fueron borrados para ocultar la verdad, la justicia peruana tiene 120 días para recuperarlos y demostrar que en este país ya no se puede tapar el sol con un dedo.
La ciudadanía merece respuestas. El Perú merece transparencia. Y José Jerí tendrá que explicar por qué se reunía a escondidas con un empresario que tenía tanto que ganar con sus decisiones presidenciales.