El presidente del Congreso enfrentaría hasta 2 años de cárcel por atacar sin pruebas a la exfiscal de la Nación
Señores y señoras, hoy se definiría si en este país los políticos pueden seguir difamando impunemente o si de una vez por todas se les pone un alto. El Poder Judicial anunciaría este martes 7 de abril su sentencia contra Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso en funciones, quien enfrenta una demanda por difamación entablada por la exfiscal de la Nación Delia Espinoza.
La lectura del adelanto de fallo estaría programada para las 3:00 p.m., después de cinco sesiones de juicio oral. La jueza suprema Norma Carbajal expondría las conclusiones del proceso y determinaría si el legislador es responsable penalmente por haber difamado sin pruebas a una funcionaria pública que dedicó su vida a servir al país.
De ser hallado culpable, Rospigliosi podría recibir una pena de dos años y cuatro meses de prisión, además del pago de una reparación civil de un millón de soles. Según la defensa de Espinoza, ese dinero sería donado íntegramente al Hospital de Neoplásicas, demostrando que la demanda no buscaría lucro sino JUSTICIA.
¿Y qué habría hecho Rospigliosi para merecer este juicio? El 7 de julio de 2025, el congresista publicó un mensaje en la red social X donde calificó a Espinoza como «aliada del terrorismo y de las economías ilegales», sin presentar una sola prueba. Acusaciones gravísimas que mancharían la trayectoria de una mujer que combatió la corrupción desde el Ministerio Público.
Tres días después, la exfiscal envió una carta notarial dándole la oportunidad de rectificarse en 24 horas. Pero Rospigliosi, lejos de reconocer su error, se ratificó en sus ataques: «Esa es mi opinión, ese es mi análisis, lo ha sido desde hace mucho tiempo y lo reitero ahora. No tengo por qué retractarme».
Como Rospigliosi se habría negado a reparar el daño causado, Espinoza tuvo que acudir al Poder Judicial para defender su honor. Formalizó la querella por difamación ante el Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Suprema, porque en un Estado de Derecho nadie estaría por encima de la ley, ni siquiera un presidente del Congreso.
En medio del juicio, un grupo de expresidentes del Congreso (2021-2026) emitió un pronunciamiento intentando proteger a su colega difamador. En el documento, hablan de «criminalizar opiniones» y de «libertad de expresión», como si difamar sin pruebas fuera un derecho democrático.
Los firmantes exhortaron a que la decisión judicial observe «proporcionalidad», cuando lo que realmente necesitaría este país es que se sancione ejemplarmente a quienes usan sus cargos públicos para destruir reputaciones. Entre los que salieron a defender a Rospigliosi están María del Carmen Alva Prieto, Lady Camones Soriano, José Williams Zapata, Alejandro Soto Reyes, Eduardo Salhuana Cavides y José Jerí Oré.
Hoy sabríamos si en el Perú existe justicia para quienes han sido difamados o si los políticos pueden seguir atacando impunemente a funcionarios públicos honestos. Porque si Rospigliosi sale libre después de llamar «terrorista» a Delia Espinoza sin pruebas, señores, cualquiera de nosotros podría ser difamado mañana sin consecuencias.