Los hermanos intentarían aplicar ley que el propio congresista Waldemar habría impulsado en el Parlamento
El prófugo Vladimir Cerrón y su hermano, el congresista Waldemar Cerrón, habrían interpuesto un recurso de casación ante la Corte Suprema con la finalidad de archivar el presunto delito de crimen organizado que se les imputaría en el caso «Los Dinámicos del Centro».
Este nuevo intento ante la Corte Suprema se produciría luego de que, en primera y segunda instancia, no pudieron aplicar a su favor la Ley 32108 sobre Crimen Organizado, que se habría aprobado en el Congreso de la República -posteriormente modificada por Ley 32138- a través de un recurso de excepción de improcedencia de acción.
La estrategia legal de los Cerrón
La citada ley habría sido impulsada por el propio parlamentario Waldemar Cerrón quien, junto a su hermano, buscaría que la máxima instancia del Poder Judicial determine que su caso se procese bajo los alcances de la referida norma, antes de su modificatoria.
La Ley 32108 establecía que solo podía considerarse «organización criminal» cuando muestre una «estructura desarrollada y con capacidad operativa», pero además, cuando los delitos cometidos tengan penas superiores a seis años. Sin embargo, al ser modificada, se habría rebajado a delitos cuyo extremo mínimo sea penalizado con cinco años de cárcel, como requisito para procesar el delito de crimen organizado.
Las imputaciones fiscales
De acuerdo a la imputación fiscal, se le atribuiría a Vladimir Cerrón, en su calidad de exgobernador de Junín, ser integrante, y luego líder de la presunta organización criminal «Los Dinámicos Del Centro», la misma que habría operado antes, durante y después de haber dejado el cargo; y cuya estructura tendría a Waldemar Cerrón ocupando el segundo nivel de la citada red.
Según la hipótesis del Ministerio Público, la presunta red criminal habría realizado actividades ilícitas con la finalidad de llegar al poder regional, logrando la reelección de Cerrón Rojas como cabeza del Gobierno Regional de Junín, y desde donde habría designado a personas vinculadas a su partido Perú Libre, que habría colaborado en la obtención de réditos económicos a través de presuntos actos de c0rrupc1ón.
El modus operandi
El dinero presuntamente ilícito se habría obtenido a través de los actos de favorecimiento y/o direccionamiento del trámite y emisión de licencias de conducir en sus diferentes categorías. También mediante el direccionamiento en la contratación de personal bajo la modalidad CAS a favor de terceras personas, quienes, a cambio de ser favorecidos, habrían beneficiado al investigado con dinero maculado no sólo para su beneficio propio, sino también para Perú Libre.
Según la fiscalía, la presunta organización criminal se habría dedicado al otorgamiento indebido de licencias de conducir (cohecho pasivo propio), la contratación direccionada de militantes de Perú Libre (negociación incompatible) y la concertación para defraudar al Estado (colusión simple y colusión agravada).
Los números del caso
Todo ello se habría materializado a través de aproximadamente 39 sobornos que evidenciarían el cohecho pasivo propio, dos contrataciones que darían luces del delito de negociación incompatible y 14 procedimientos de selección respecto a presunta colusión, donde en algunos casos se habría ocasionado perjuicio patrimonial al Estado.
La decisión judicial pendiente
Pese a que los hermanos Cerrón trataron de establecer que, bajo los parámetros de la Ley 32108, no se cumplían los requisitos para ser considerados una presunta organización criminal, el Poder Judicial, en primera y segunda instancia, estableció que los presuntos actos ilícitos sí encuadrarían en una red.
Ahora, será la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema la que determine si corresponde o no archivar el delito de organización criminal, imputado a Vladimir y Waldemar Cerrón. El tribunal supremo habría recibido el recurso de casación interpuesto por ambos investigados el 3 de julio de 2025.
En noviembre del 2024, la Corte Suprema ya estableció la aplicación de las modificatorias a la Ley de Crimen Organizado, considerando como norma vigente la Ley 32138 (pena mínima de cinco años) que modificó la Ley 32108 (pena mínima de seis años).