Congresista fujimorista ataca a jueces que rechazaron aplicar ley de impunidad en caso de masacre de Cayara
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, lanzó una amenaza directa contra el sistema judicial peruano al declarar que es necesario «barrerlo» tras la decisión de tres magistrados de mantener vigente el proceso judicial por la masacre de Cayara, ocurrida en 1988.
La furia del legislador fujimorista se desató después de que los jueces Máximo Maguiña, Helbert Llerena y Reli Callata determinaran que el caso de esta masacre no puede archivarse mediante la aplicación de la ley 32107, que buscaría prescribir delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002.
El explosivo mensaje en redes sociales
A través de su cuenta en X (antes Twitter), Rospigliosi calificó a los tres magistrados de la Tercera Sala Penal Superior Liquidadora Transitoria como «jueces politizados y prevaricadores», acusándolos de procesar «ilegalmente» a militares después de 38 años.
«Están procesando ilegalmente después de 38 años, a militares que están encarcelados, a los que derrotaron al terrorismo. Hacen lo que les da la gana, no aplican las leyes vigentes cuando se trata de perseguir a policías y militares», escribió el congresista naranja.
El mensaje culminó con una declaración contundente: «No se trata solo de reformar el sistema judicial, hay que BARRERLO. ¡Soluciones radicales!». Esta publicación se produjo minutos después de conocerse el fallo judicial.
Incidente previo a la audiencia judicial
La tensión había comenzado horas antes, cuando Rospigliosi compartió en redes sociales una captura de pantalla que mostraba el mensaje «podrás unirte a la reunión cuando te lo permitan», sugiriendo que presuntamente le habrían impedido el acceso a la audiencia virtual. Este es el mensaje estándar que aparece en las salas de espera virtuales de cualquier videoconferencia.
Posteriormente, el presidente del Congreso logró ingresar a la audiencia junto a otros legisladores fujimoristas como Martha Moyano, y José Cueto de la bancada Honor y Democracia.
Un historial de ataques contra magistrados
Las declaraciones de Rospigliosi contra el Poder Judicial no son nuevas. El legislador ha mantenido una campaña sistemática de presión contra los jueces que no aplican la ley de impunidad que favorece a militares acusados de violaciones a los derechos humanos.
Apenas hace dos días, durante una actividad en el Congreso, el parlamentario aseguró que una «mafia caviar» se habría instalado en el sistema judicial. Su molestia se habría originado porque habrían suspendido a un magistrado que sí aplicó la controversial ley de prescripción.
Pero quizás la amenaza más grave ocurrió el 13 de enero, cuando Rospigliosi escribió un mensaje advirtiendo que los jueces que «violan la ley» deberían ser «detenidos allí mismo, en flagrancia, y enviados a prisión». Esta declaración se produjo previo a otra audiencia del caso Cayara.
La respuesta de los expertos en derechos humanos
Las declaraciones del presidente del Congreso generaron una rápida reacción de especialistas en derechos humanos y derecho constitucional.
Julissa Mantilla, quien fue presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alertó sobre el peligro que representa esta postura para la democracia peruana. «El Pdte. Del Congreso dice que hay que ‘barrer’ el Poder Judicial atentando expresamente contra la división de poderes, elemento esencial de la democracia», escribió en su cuenta de X.
Mantilla también recordó que los jueces actuaron correctamente al aplicar el control de convencionalidad y los estándares internacionales en materia de derechos humanos, instrumentos que el Estado peruano está obligado a respetar por los tratados internacionales que ha suscrito.
El reconocido abogado Ronald Gamarra también se pronunció respaldando la decisión judicial. «Cayara, un crimen atroz (1988) perpetrado por militares indignos del uniforme de Bolognesi, no sujeto a amnistía ni prescripción algunas. Así lo ratificó el Poder Judicial. Sufre, Rospigliosi», publicó el jurista.
Lo que Rospigliosi no menciona
Lo que el presidente del Congreso habría omitido deliberadamente en su ataque es que el Perú tiene compromisos internacionales vinculantes en materia de derechos humanos. Los tratados suscritos por nuestro país establecen claramente que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, sin importar cuándo fueron cometidos.
Esta obligación internacional está por encima de cualquier ley nacional que pretenda prescribir estos delitos, y los jueces tienen el deber de aplicar este principio mediante el control de convencionalidad, tal como lo hicieron los magistrados Maguiña, Llerena y Callata.
Cayara: 38 años esperando justicia
En mayo de 1988, en la comunidad de Cayara, provincia de Víctor Fauré en Ayacucho, se habría producido una masacre en la que militares habrían ejecutado a decenas de campesinos. Este crimen se cuenta entre los episodios más oscuros del conflicto armado interno peruano.
A pesar de que han transcurrido casi cuatro décadas, el caso permanece sin una sentencia definitiva. Las víctimas y sus familiares continúan exigiendo justicia, mientras que sectores políticos vinculados al fujimorismo impulsan leyes que buscarían cerrar estos procesos mediante la prescripción, ignorando los estándares internacionales que protegen los derechos humanos.