Iniciativa legislativa liderada por el congresista Américo Gonza, quien afrontaría una denuncia constitucional, desata una crisis institucional y la indignación ciudadana ante un presunto intento de asegurar impunidad.
Una guerra se habría desatado entre dos de los poderes más importantes del país. El Congreso de la República y el Ministerio Público estarían enfrentados en una batalla que, según expertos, podría constituir un grave atentado contra la democracia y el estado de derecho. La controversia se centra en un proyecto de ley impulsado desde el Parlamento que buscaría la «reorganización del Ministerio Público», una entidad constitucionalmente autónoma.
Esta maniobra ha sido calificada como cínica por diversos sectores, especialmente porque su principal promotor, el congresista Américo Gonza (Perú Libre), estaría siendo investigado por presuntamente liderar una organización criminal. Además, tres colaboradores eficaces lo señalarían en ascensos irregulares dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y contaría con una denuncia constitucional por negociación incompatible.
En respuesta, la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no se habría quedado en silencio. Con firmeza, habría expuesto una «lista de la vergüenza» que incluye a decenas de parlamentarios y exministros investigados por graves delitos como c0rrupc1ón, lavado de activos, peculado y vínculos con organizaciones criminales. Según la fiscalía, estos serían los principales interesados en desestabilizar la institución que los investiga.
El programa China Polo Dominical salió a las calles para recoger la voz del ciudadano, quien se muestra harto y defraudado. «Son corruptos, malvados, hambreadores. ¿Para qué están esos hombres que roban y roban?», expresó un ciudadano indignado. «El pueblo, señorita, está harto, harto del Congreso, harto del gobierno, harto de este sistema», sentenció otro.
La indignación crece al conocer que el 63% de los congresistas, es decir, 82 de 130, tendrían una carpeta fiscal abierta. Apoyando la iniciativa de Gonza, figurarían nombres como Waldemar Cerrón, investigado en el caso ‘Los dinámicos del centro’; Segundo Montalvo Cubas, denunciado por violencia; María Agüero Gutiérrez, investigada por enriquecimiento ilícito; y Kelly Portalatino, investigada por negociación incompatible. A ellos se sumarían los conocidos como ‘mochasueldos’: María Córdoba Lobatón, Darwin Espinoza y Jorge Flores Ancachi.
Para muchos, que estos parlamentarios pretendan decidir sobre el futuro de la justicia en el país no solo es un conflicto de intereses, sino una afrenta directa a la ciudadanía que exige transparencia y el fin de la impunidad.