El SITRADEP denuncia que el defensor convirtió la institución en oficina legal para criminales. Gutiérrez habría sido abogado de Cerrón antes de asumir el cargo.
El Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo (SITRADEP) acaba de lanzar un pronunciamiento explosivo pidiendo la renuncia inmediata de su propio jefe, Josué Gutiérrez. La acusación es demoledora: el defensor del Pueblo habría prostituido la institución para beneficiar a Vladimir Cerrón (prófugo de la justicia) y a Daniel Urresti (condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos).
Los trabajadores no se guardaron nada en su documento público. Denuncian que la institución se construyó para defender derechos, no para ejercer el poder, y que quienes trabajan ahí día a día están siendo testigos de cómo sus superiores traicionan ese mandato.
EL VÍNCULO CERRÓN: DE ABOGADO PERSONAL A DEFENSOR DEL PUEBLO
El caso que más indigna a los trabajadores es el de Vladimir Cerrón. La Defensoría habría presentado un «amicus curiae» ante el Tribunal Constitucional en favor del líder de Perú Libre, quien permanece prófugo de la justicia desde hace casi dos años y medio.
Pero lo más escandaloso viene después: el sindicato advierte un conflicto de intereses del Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, quien habría sido abogado personal de Cerrón, se habría afiliado a su partido en 2022 y habría sido propuesto por dicha organización para el cargo que hoy ocupa.
Es decir, el mismo tipo que defendía legalmente a Cerrón, luego se hizo militante de su partido, y ahora desde el cargo público más importante para defender a los ciudadanos, ¡usa recursos del Estado para ayudar a su ex cliente que está prófugo! Para los trabajadores, esto no es un simple error administrativo: es complicidad descarada.
Gutiérrez habría usado a la oficina de la Adjuntía para los Derechos Humanos y la Población Indígena y Afroperuana de la Defensoría del Pueblo para presentar el amicus curiae. Utilizó a Carlos Fernández Millán, su funcionario de confianza, para ejecutar la maniobra.
Sin embargo, el juez que revisó el caso rechazó la intervención de la Defensoría por considerarla «incompatible» con el estado del proceso judicial seguido contra Cerrón.
EL CASO BUSTÍOS: TRAICIÓN A LAS VÍCTIMAS DE DERECHOS HUMANOS
Pero la indignación no se queda solo en Cerrón. El defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, habría presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de amicus curiae en respaldo al habeas corpus presentado por la defensa de Daniel Urresti, quien cumplía una condena de 12 años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.
Hugo Bustíos fue asesinado en 1988 durante el conflicto armado interno cuando trabajaba como corresponsal de Caretas en Huanta. El documento de la Defensoría habría denunciado que la sentencia contra Urresti tendría irregularidades procesales que afectarían el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.
Para los trabajadores de la Defensoría, esto representa una traición histórica. La institución siempre se caracterizó por defender a las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. Ahora, bajo el mando de Gutiérrez, estaría haciendo exactamente lo contrario: defender a los presuntos perpetradores.
Sharmelí Bustíos, hija de Hugo Bustíos, solicitó ser incorporada al proceso para defender la vigencia de la condena y su derecho a la reparación. Ella denunció públicamente que la Defensoría «está secuestrada por un poder nefasto».
El resultado de esta intervención de Gutiérrez fue letal: el Tribunal Constitucional anuló la condena de 12 años de prisión contra Daniel Urresti por el asesinato de Hugo Bustíos. La congresista Ruth Luque incluso presentó una denuncia constitucional contra el defensor del Pueblo por este caso.
UN PATRÓN SISTEMÁTICO: LA CAPTURA TOTAL
El SITRADEP es claro al señalar que estos no son casos aislados. Los trabajadores afirman que existe un patrón sistemático de decisiones que benefician a personas investigadas o condenadas por delitos graves. En su análisis, esto configura una auténtica captura de la Defensoría del Pueblo por parte de intereses políticos ligados a Perú Libre.
La reciente intervención de la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional a favor de Daniel Urresti generó sorpresa en el país. Pero para quienes trabajan dentro de la institución, no fue sorpresa: fue la confirmación de algo que venían denunciando desde hace tiempo.
Los empleados explican que esta situación destroza su trabajo diario. Atienden casos de ciudadanos en situación de extrema vulnerabilidad y que la pérdida de credibilidad institucional les quita toda autoridad moral para exigir respuestas ante otras entidades del Estado.
ALERTA INTERNACIONAL: PERÚ EN RIESGO DE PERDER ACREDITACIÓN
Como si la crisis interna no fuera suficiente, el sindicato advirtió que la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI) habría iniciado un proceso de revisión que podría quitarle a la Defensoría peruana su acreditación «A», la máxima categoría internacional.
Perder esa acreditación significaría que el Perú quedaría excluido de espacios clave en el sistema de Naciones Unidas y otros organismos internacionales de derechos humanos. Sería una humillación histórica y un retroceso sin precedentes, todo por las acciones polémicas de Gutiérrez.
EL GRITO DESESPERADO: «RENUNCIAMOS A CALLAR»
«El SITRADEP no ha renunciado a la Defensoría del Pueblo. Renunciamos a callar. La institución se construyó para defender derechos, no para ejercer el poder. Quienes la trabajan saben mejor que nadie la diferencia entre ambas cosas, porque la viven cada día. Y precisamente por eso, no pueden ni podrán ser indiferentes cuando la conducción de la institución traiciona lo que ellas y ellos construyen con su trabajo cotidiano», finalizó el pronunciamiento del sindicato.
Además, el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López de la bancada de Acción Popular, se manifestó en contra de este caso. Aseguró que las autoridades deben trabajar «ceñidas a la norma» y que cualquier alejamiento de la ley es «definitivamente criticable». López subrayó que el Defensor debe representar a todos los peruanos y no a intereses particulares.
Los trabajadores piden la renuncia inmediata de Josué Gutiérrez y de todos los funcionarios involucrados en estas maniobras. Advierten que si no hay cambios urgentes, la Defensoría del Pueblo morirá como institución.
La pregunta que deja este escándalo es devastadora: ¿Quién defiende al pueblo cuando el Defensor del Pueblo vende la institución a sus amigos políticos?