Gobierno¿Quién pagará la defensa legal del presidente Jerí? Tú, yo y todos los peruanos

Mandatario consigue que el Estado financie su defensa en investigación por caso Chifagate

Señores, señoras, déjenme contarles algo que probablemente los va a indignar tanto como a mí: mientras ustedes se preocupan por llegar a fin de mes, el presidente José Jerí acaba de lograr algo extraordinario para él, pero indignante para nosotros. Consiguió que TODOS LOS PERUANOS paguemos su defensa legal en una investigación donde él mismo estaría señalado por presuntos delitos contra el Estado.

Sí, leyeron bien. El mismo Estado que supuestamente habría sido agraviado por las acciones del mandatario, ahora pagará para que un abogado lo defienda. ¿No les parece una contradicción absoluta?

La solicitud que nadie esperaba

El 29 de enero de 2026, apenas días después de que el Fiscal de la Nación Tomás Gálvez abriera una investigación preliminar en su contra, José Jerí presentó una solicitud formal. En ese documento, el presidente pidió que se le brinde «defensa y asesoría legal» porque habría sido incluido en la Carpeta Fiscal N° 15-2026 por la presunta comisión de delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias agravado.

La Subsecretaría General de la Presidencia no tardó en aprobar la petición. Una resolución oficial confirma que el pedido fue recibido y aceptado. Ahora, el Despacho Presidencial debe realizar un estudio de mercado para determinar cuánto cobran los abogados en casos similares y proceder con la contratación.

Pero aquí viene lo preocupante: según investigaciones previas de medios como Infobae Perú, este tipo de contrataciones suelen hacerse mediante designación directa, es decir, «a dedo». No existirían concursos públicos ni procesos transparentes. El funcionario involucrado simplemente invitaría a presentarse al abogado de su preferencia.

Las preguntas que nadie responde

Hasta el momento, las autoridades no han revelado información crucial que todos los peruanos deberíamos conocer:

¿Cuánto dinero público se gastará en esta defensa? Nadie lo sabe aún.

¿Quién será el abogado designado? Tampoco hay respuesta.

¿Habrá un proceso transparente de selección? Todo indica que no.

¿Por cuánto tiempo durará esta asesoría legal pagada con nuestros impuestos? Dependerá de cuánto se extienda la investigación fiscal.

Lo único seguro es que mientras millones de peruanos no tienen acceso a defensores públicos cuando enfrentan procesos judiciales, el presidente de la República consiguió que todos nosotros financiemos su defensa legal. La ironía es brutal: nos piden que paguemos para defender a quien presuntamente habría actuado contra nuestros propios intereses como nación.

Todo comenzó con un chifa y reuniones secretas

Para entender cómo llegamos a este punto, debemos recordar el escándalo que puso a José Jerí en el centro de la tormenta. El 26 de diciembre de 2025, el mandatario se habría reunido con el empresario chino Zhihua Yang en un restaurante de San Borja. Esta cita nunca apareció en la agenda oficial del presidente.

Cuando la prensa descubrió el encuentro y empezaron las preguntas incómodas, Jerí intentó justificarse diciendo que la reunión fue para celebrar el «Día de la Amistad Perú-China» y que la falta de registro oficial respondía a su particular «dinámica de trabajo».

El problema es que esta explicación no convence a nadie. ¿Por qué? Porque días antes de ese almuerzo secreto, el mismo empresario Yang había solicitado al Ministerio de Energía y Minas que se postergara el inicio de las obras de la estación Pachachaca 2, un proyecto gestionado por su empresa Hidroeléctrica América. Demasiada casualidad, ¿no creen?

Más empresarios chinos, más reuniones no registradas, más sospechas

Pero la historia no termina ahí. La Fiscalía también estaría investigando las visitas a Palacio de Gobierno de otro empresario chino: Ji Wu Xiaodong. Este personaje no es cualquiera. Actualmente cumple arresto domiciliario por tráfico ilegal de madera y tendría vínculos con la organización criminal «Los Hostiles de la Amazonía».

Según la investigación fiscal, Xiaodong habría ingresado a la sede del Ejecutivo en al menos tres ocasiones, acompañado por Zhihua Yang. Nuevamente, estos encuentros no habrían quedado registrados en ningún documento oficial.

Las autoridades buscan determinar si existieron gestiones irregulares que beneficiaron a estos empresarios o si el presidente Jerí habría utilizado su posición para favorecer intereses particulares. Por eso los cargos que enfrenta son gravísimos: patrocinio ilegal de intereses particulares y tráfico de influencias agravado, ambos en agravio del Estado peruano.

El interrogatorio en Palacio

El pasado 30 de enero, José Jerí ya tuvo que dar explicaciones ante el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez. La diligencia se realizó en Palacio de Gobierno porque el mandatario ejerció su derecho a elegir el lugar del interrogatorio. Estuvo acompañado de su abogado y respondió las preguntas sobre sus encuentros con los empresarios chinos.

Pero las respuestas no habrían satisfecho a la Fiscalía, que continúa investigando. Y mientras las pesquisas avanzan, el presidente Jerí se prepara para defenderse con un equipo legal que todos nosotros estaremos financiando.

El contraste que duele

Déjenme hacerles una pregunta: ¿Conocen a algún peruano común y corriente que, cuando enfrenta un problema legal, consigue que el Estado le pague un abogado de primera categoría? ¿Conocen a alguna persona trabajadora que, al ser investigada, logra que todos los ciudadanos financien su defensa?

La respuesta es obvia: NO. Para la mayoría de peruanos, acceder a un defensor público es una odisea. Los que consiguen uno, generalmente enfrentan demoras, falta de recursos y defensas deficientes. Pero el presidente de la República, investigado por presuntos actos de corrupción CONTRA EL ESTADO, consigue rápidamente que ese mismo Estado le pague su defensa.

Esta es la realidad de nuestro país. Una justicia de dos velocidades: una para los poderosos y otra para el resto de nosotros.

Lo que viene ahora

El proceso de contratación apenas comienza. El Despacho Presidencial realizará el estudio de mercado para conocer las tarifas de abogados especializados en este tipo de casos. Luego vendrá la designación del defensor y finalmente la firma del contrato.

Todo esto se hará con dinero público, con los impuestos que pagamos todos los peruanos cada vez que compramos algo, cada vez que trabajamos, cada vez que cumplimos con nuestras obligaciones como ciudadanos.

Mientras tanto, el pueblo peruano seguirá esperando respuestas claras sobre qué pasó realmente en esas reuniones secretas con empresarios chinos. Seguiremos esperando que se haga justicia. Y seguiremos preguntándonos cuándo tendremos autoridades que entiendan que los recursos públicos son sagrados y no están para financiar defensas legales de quienes presuntamente actuaron contra el propio Estado.

Esta boca no la calla nadie cuando se trata de defender tu derecho a saber en qué se gasta tu dinero y exigir que haya justicia para todos, no solo para unos pocos privilegiados.