La misma receta que no funciona: militares en las calles, derechos suspendidos y la delincuencia sin freno
El Gobierno de José Jerí habría decretado estado de emergencia en la provincia de Pisco (Ica) por 60 días como respuesta a la creciente ola de inseguridad ciudadana que azota la región. La medida, publicada en el diario oficial El Peruano, limitaría derechos constitucionales fundamentales y pondría a las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional, un esquema que se habría replicado en diversas regiones del país sin resultados contundentes.
Durante este período de excepción, se suspendería el ejercicio de derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de circulación, la libertad de reunión y la seguridad personal, contemplados en el artículo 2 de la Constitución. Una medida drástica que, según expertos en seguridad ciudadana, no atacaría las causas estructurales del crimen organizado.
El decreto establecería que todos los eventos masivos, ya sean religiosos, culturales o deportivos, deberían obtener autorización previa de las autoridades correspondientes, conforme al Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones. Solo las actividades sin carácter masivo podrían realizarse libremente.
Para coordinar las acciones, se habría conformado el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), presidido por el Jefe de la Región Policial Ica. Este comando tendría como objetivo «restablecer y mantener el orden interno, reduciendo significativamente los índices de criminalidad». Sin embargo, la experiencia en otras regiones del país habría demostrado que estas estructuras operativas enfrentarían serias limitaciones.
El CCO contaría con el apoyo de diversos comités especializados, entre ellos el Comité de Coordinación Distrital, el Comité de Inteligencia, el Comité de Fiscalización, el Comité de Comunicación Estratégica y las Fuerzas Integradas conformadas por la PNP, las Fuerzas Armadas y el Serenazgo Municipal de Pisco.
La estrategia operativa: ¿será diferente esta vez?
Las intervenciones se desarrollarían principalmente en zonas consideradas críticas, identificadas a partir del mapa del delito, información de inteligencia y registros estadísticos. Se habría dispuesto el resguardo de instituciones públicas y la instalación de puestos de comando temporales que funcionarían como centros de control operativo.
El plan incluiría patrullajes permanentes a pie y motorizados en áreas estratégicas como paraderos, mercados, centros comerciales y espacios vinculados a servicios públicos. Asimismo, se realizarían operaciones policiales, controles de identidad en vía pública, inmuebles y unidades de transporte, orientados a la captura de requisitoriados.
De manera paralela, se ejecutarían operativos para el decomiso de armas, municiones, explosivos y productos pirotécnicos ilegales, así como la fiscalización de su fabricación artesanal y comercialización, con participación de la Fiscalía de Prevención del Delito.
El caso Pataz: meses de emergencia sin resultados claros
Lo que preocupa es que esta medida se sumaría a otros estados de emergencia que llevan meses vigentes en el país sin mostrar resultados contundentes. La provincia de Pataz, en La Libertad, habría estado bajo estado de emergencia por un período prolongado debido a la presencia del crimen organizado y la minería ilegal, sin que hasta el momento se reporte una disminución significativa de la actividad delictiva.
En diversas zonas del país donde se han implementado estados de emergencia, los pobladores habrían manifestado que, si bien se percibe mayor presencia policial y militar, las organizaciones criminales continuarían operando, adaptándose a las nuevas condiciones de vigilancia. La ext0rc1ón, el sicariato y el tráfico de terrenos seguirían siendo problemas persistentes.
¿Una solución real o un parche temporal?
Especialistas en seguridad ciudadana han señalado que los estados de emergencia podrían ser efectivos como medidas de choque inmediato, pero no constituirían una solución de largo plazo si no van acompañados de estrategias integrales que incluyan reformas en el sistema de justicia, fortalecimiento de la inteligencia policial, control de fronteras y programas de prevención social del delito.
El gobierno de José Jerí enfrentaría el desafío de demostrar que esta vez será diferente, que Pisco no se convertirá en otro caso como Pataz, donde la emergencia se prolonga sin resultados tangibles. La población exige acciones concretas, no solo despliegues militares que, en el mejor de los casos, desplazarían el problema a otras zonas.
La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es clara: ¿cuántos estados de emergencia más se declararán antes de que el Estado peruano enfrente el problema de raíz? Porque mientras las causas estructurales de la inseguridad no se ataquen, el crimen organizado seguirá encontrando formas de adaptarse y sobrevivir.