La Fiscalía la cita para octubre por presuntos aportes ilícitos de S/ 150 mil en campaña 2021
La presidenta Dina Boluarte habría enfrentado una nueva investigación preliminar por parte de la Fiscalía de la Nación, esta vez por el presunto delito de financiamiento prohibido de organizaciones políticas durante la campaña electoral de 2021, cuando integró la plancha presidencial de Perú Libre junto a Pedro Castillo.
Según la hipótesis fiscal, el 19 de mayo de 2021, se habría realizado una reunión en una casona de la avenida Inca Garcilaso de la Vega, en Cercado de Lima, donde habrían participado Boluarte Zegarra, la ciudadana Maritza del Carmen Rosario Milagro Sánchez Perales, Marcela Saldarriaga Ortiz (quien era asistente de la mandataria durante la campaña) y el empresario Eduvigis Beltrán Salinas.
En dicho encuentro se habría acordado que Beltrán entregaría un total de S/ 150,000 para costear los gastos de la «batucada», grupo de jóvenes con instrumentos de percusión que realizaba el acompañamiento musical en las actividades proselitistas durante el tramo final de la campaña política de la entonces candidata vicepresidencial.
La entrega del dinero se habría coordinado durante un almuerzo en el restaurante El Hornero, y el desembolso, según la investigación, se habría realizado entre el 19 al 26 de mayo de 2021.
El Ministerio Público no precisó si la jefa de Estado habría recibido el dinero de forma directa o por intermedio de Marcela Saldarriaga, quien falleció en agosto de 2023, según comunicó su abogado al despacho fiscal. También se presume que Beltrán Salinas habría retirado dicho monto monetario de su patrimonio o del patrimonio de alguna de las personas jurídicas vinculadas a sus actividades empresariales.
Por su parte, Beltrán Salinas habría negado haberse reunido con la entonces candidata perulibrista y señaló ante el despacho fiscal que no conoce personalmente a la ahora jefa de Estado. Por este motivo, el Ministerio Público determinó que tomarle su declaración indagatoria sería «inconducente».
Sin Fuero Presidencial: El Congreso No Podrá Blindarla
Lo más significativo de esta nueva investigación es que, a diferencia de otros casos, la presidenta Dina Boluarte no está siendo investigada como «aforada», puesto que los hechos denunciados se habrían producido antes de que sea electa vicepresidenta. Esto significa que el caso no requiere el visto bueno del Congreso, quitándole a Boluarte una importante herramienta de protección política.
La mandataria deberá presentarse el próximo 14 de octubre de 2025 para rendir su declaración indagatoria. Esta nueva investigación preliminar representa una ampliación de la carpeta fiscal por presunto lavado de activos que ya estaba en curso contra la presidenta.
Un Historial de Múltiples Investigaciones
Este caso se suma a las múltiples investigaciones que enfrenta Boluarte, incluyendo los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito por la posesión de relojes Rolex, el caso «Cofre» por el presunto uso del vehículo presidencial en la fuga de Vladimir Cerrón, y las investigaciones por las muertes durante las protestas sociales de 2022-2023.
La situación legal de la mandataria se habría complicado especialmente tras las declaraciones de su exasistente Maritza Sánchez, quien afirmó que Henry Shimabukuro, investigado por haber sido un asesor en la sombra de Castillo, y otros empresarios habrían entregado aportes económicos no declarados a favor de la campaña electoral de Perú Libre en 2021.
En respuesta a estas acusaciones, la mandataria expresó su respaldo a las acciones del Ministerio Público y exhortó a quienes han hecho declaraciones en medios de comunicación a sustentar sus acusaciones con pruebas y colaborar con la justicia.