Abogado defiende polémica restitución de la JNJ mientras crece resistencia en el Ministerio Público
El abogado Jorge del Castillo intensificó la presión sobre la fiscal de la Nación Delia Espinoza para que acate la controvertida decisión de la JNJ que habría restituido a Patricia Benavides. En declaraciones que generarían más polémica, Del Castillo exigió cumplimiento hasta el 1 de julio, en medio de lo que muchos considerarían una crisis institucional sin precedentes.
«Que la fiscal Delia Espinoza cumpla la resolución de la JNJ en el plazo que es hasta el 1 de julio», declaró Del Castillo, defendiendo una decisión que habría dividido al sistema de justicia peruano y generado cuestionamientos sobre su legalidad.
El juego del «perfil bajo»
Llamativamente, Del Castillo justificó que Benavides no acudiera al Ministerio Público este martes, supuestamente para «evitar espectáculos». Esta estrategia contrastaría con la agresividad que habría caracterizado la gestión de la exfiscal de la Nación.
«No queremos que eso pase y por eso no hemos ido», comentó, aunque muchos se preguntarían si esta aparente moderación no escondería una estrategia más calculada para presionar desde las sombras.
Responsabiliza a Espinoza del conflicto
En una maniobra que algunos calificarían como victimización, Del Castillo culpó a Delia Espinoza de los incidentes: «Ojalá la Dra. Espinoza tuviera iniciativa para conversar, pero en lugar de eso le ha tirado la puerta a todo el mundo».
Esta declaración habría buscado presentar a Benavides como la víctima de una situación que ella misma habría contribuido a crear con sus controvertidas decisiones durante su gestión.
Niega lo evidente
De manera que generaría suspicacias, Del Castillo negó que su clienta haya presentado una denuncia constitucional contra Espinoza, insistiendo que solo habría «puesto en conocimiento» del Congreso la situación. Esta distinción semántica podría formar parte de una estrategia legal para mantener presión sin asumir responsabilidades directas.
El abogado también calificó como «absurdo» que se busque una suspensión de derechos, en lo que muchos interpretarían como un intento de deslegitimar cualquier acción legal contra su defendida.
