GobiernoJerí en la mira: declarará este viernes por cenas secretas con empresarios chinos del ‘Chifagate’

El mandatario tendrá que dar explicaciones ante el fiscal Tomás Gálvez sobre los encuentros ocultos que habrían comprometido la transparencia del gobierno

El próximo viernes 30 de enero será una fecha crucial para el presidente José Jerí. El mandatario deberá presentarse ante el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, para responder sobre los polémicos encuentros que habría sostenido con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong, reuniones que habrían permanecido fuera de su agenda oficial y que habrían desatado el escándalo conocido como ‘Chifagate’.

El interrogatorio se realizará en Palacio de Gobierno, según lo dispuesto por la sentencia del Tribunal Constitucional en el precedente del caso Dina Boluarte. Esta normativa establece que el presidente tiene derecho a elegir el lugar de su declaración y que solo podrá ser citado en dos ocasiones. Cumplido este límite, la investigación quedará suspendida hasta que Jerí concluya su mandato en julio de 2026, lo que habría generado críticas sobre la efectividad del sistema de justicia para fiscalizar a las más altas autoridades.

La Fiscalía de la Nación habría intensificado las diligencias tras conocerse estos encuentros que habrían permanecido en secreto. Según informaciones periodísticas del diario El Comercio, el fiscal Gálvez se trasladará personalmente hasta la sede del Ejecutivo para tomar la declaración del presidente sobre la naturaleza y el contenido de estas reuniones con los inversionistas asiáticos. La estrategia del Ministerio Público no se limitaría a interrogar solo al mandatario: Yang y Xiaodong también serían convocados durante esta semana, aunque en calidad de testigos, para que aporten su versión sobre estos polémicos encuentros.

Paralelamente a los interrogatorios, el Ministerio Público habría desplegado una estrategia más amplia de investigación. La Fiscalía estaría solicitando documentación a múltiples instituciones del Estado que podrían tener algún vínculo con estos empresarios o sus compañías. El objetivo sería rastrear posibles visitas oficiales, contratos gubernamentales o acuerdos comerciales que permitan establecer si existirían irregularidades en la relación entre el gobierno peruano y las empresas de Yang y Xiaodong. Esta línea de investigación buscaría determinar si los encuentros habrían tenido alguna incidencia en decisiones oficiales que habrían beneficiado a estos inversionistas extranjeros.

Dos ministros en el centro de la investigación parlamentaria

El escándalo del ‘Chifagate’ no solo habría captado la atención del Ministerio Público. El Poder Legislativo también habría decidido actuar. La Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó de manera unánime la convocatoria de dos autoridades claves del gabinete ministerial: Vicente Tiburcio, titular del Ministerio del Interior, y Luis Enrique Bravo, ministro de Energía y Minas. Ambos funcionarios deberían comparecer para responder interrogantes sobre su eventual participación o conocimiento de estos encuentros secretos, así como sobre asuntos relacionados con las empresas de los inversionistas chinos.

Aunque la decisión de convocar a los ministros fue aprobada por la totalidad de los integrantes de la comisión, aún no existe una fecha definida para estas comparecencias. La congresista Orúe Medina explicó a la prensa que la sesión solo contemplaba la aprobación de las citaciones, dejando pendiente para los próximos días la coordinación de las fechas específicas en las que Tiburcio y Bravo deberán presentarse ante el Congreso para esclarecer su rol en este controversial caso.

El nombre del ministro Tiburcio habría cobrado particular relevancia en este escándalo después de que el propio presidente Jerí lo mencionara públicamente. Inicialmente, el titular del Interior habría intentado mantenerse alejado de la polémica, pero el mandatario reveló que Tiburcio habría estado presente en la controvertida cena del 26 de diciembre de 2025, encuentro en el que también habría participado el empresario Zhihua Yang. Este dato habría resultado especialmente problemático porque la agenda oficial del ministro del Interior no registraría ninguna reunión ni actividad con el empresario chino en esa fecha.

Las versiones oficiales sobre este encuentro habrían cambiado en múltiples ocasiones, lo que habría generado mayor desconfianza ciudadana. La primera explicación del presidente Jerí sobre su visita al local del empresario habría sido que se trató de una reunión de coordinación para las celebraciones del Día de la Amistad Perú-China. Posteriormente, el discurso oficial habría variado: el mandatario indicó que simplemente habría invitado a cenar al ministro Tiburcio y a un integrante de su equipo de seguridad después de cumplir actividades en la vía pública. Las imágenes de video que circularon mostraban al presidente ingresando al establecimiento aproximadamente a las 22:00 horas, cubriendo su rostro con una capucha, imagen que habría alimentado las sospechas sobre la naturaleza secreta del encuentro.

El proyecto Pachachaca 2 bajo la lupa del Congreso

La investigación parlamentaria también habría puesto el foco en el ministro Luis Enrique Bravo y en decisiones específicas de su cartera. El caso que habría despertado mayor interés es la concesión otorgada para el proyecto hidroeléctrico Pachachaca 2, adjudicación que tendría vínculos con empresas del círculo del empresario Zhihua Yang. La magnitud económica de este proyecto y su conexión con uno de los empresarios involucrados en el ‘Chifagate’ habrían convertido este caso en un asunto prioritario para los congresistas.

Los legisladores buscarían determinar si durante el proceso de adjudicación habrían existido maniobras irregulares, favoritismos o algún tipo de presión indebida que habría facilitado que empresas relacionadas con Yang obtuvieran esta importante concesión estatal. Las dudas sobre la transparencia de este proceso se habrían incrementado precisamente por las revelaciones sobre las reuniones secretas entre el presidente y los empresarios chinos, lo que habría generado interrogantes sobre si existiría una relación entre ambos hechos.

El escándalo del ‘Chifagate’ habría estallado en un momento en que la confianza de la población hacia sus autoridades ya se encontraba seriamente deteriorada. Los encuentros clandestinos del presidente con inversionistas extranjeros habrían profundizado las sospechas ciudadanas sobre posibles actos de corrupción, tráfico de influencias y conflictos de interés en las más altas esferas del poder. La decisión de ocultar estas reuniones de la agenda oficial del mandatario habría sido interpretada por muchos sectores como una admisión implícita de que algo irregular estaría ocurriendo.

Señores, lo que está en juego este viernes va mucho más allá de un simple interrogatorio. Se trata de establecer si el presidente de la República ha actuado con la transparencia y la ética que el cargo demanda, o si por el contrario habría utilizado su posición para favorecer intereses particulares a espaldas del pueblo peruano. La declaración del mandatario ante el fiscal Gálvez será fundamental para determinar el rumbo de esta investigación y para evaluar si existen elementos suficientes para continuar con las pesquisas una vez que culmine su mandato.

¿Acaso es aceptable que nuestras máximas autoridades se reúnan en secreto con empresarios extranjeros mientras sus agendas oficiales permanecen en blanco? ¿Cuánto tiempo más toleraremos que quienes deben darnos el ejemplo operen desde las sombras? Esta boca no la calla nadie cuando se trata de exigir cuentas claras y transparencia absoluta de quienes tienen el privilegio de gobernar esta nación.