Nuevos fiscales designados no tendrían experiencia en derechos humanos
El Ministerio Público habría decidido realizar un cambio radical en el equipo de fiscales que investiga las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023 contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso. Además del nombramiento de Rosario Isabel Quico Palomino como nueva coordinadora, se habrían reemplazado a nueve fiscales especializados por otros sin experiencia en derechos humanos.
La nueva coordinadora del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales reemplazaría a la fiscal Raquel Cárdenas Manrique, quien durante dos años condujo la investigación de las muertes y heridos producto del presunto uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden.
La propia Quico habría reconocido durante su entrevista ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), como parte de su proceso de ascenso, que no cuenta con experiencia previa en casos de derechos humanos, habiendo trabajado principalmente en carpetas de corrupción.
A pesar de esta aparente falta de especialización, Quico habría sido nombrada coordinadora de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad, coordinadora de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Delitos de Terrorismo y delitos conexos; y, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales para casos con víctimas durante las protestas sociales.
Este patrón de aparente falta de experiencia en derechos humanos se repetiría con otros fiscales designados. Marcelo Alejandro Fernández Vásquez habría sido fiscal adjunto en delitos de corrupción de funcionarios en el Callao y tendría formación en lavado de activos. Patricia Josselyn Espejo Cruz contaría con cursos de especialización sobre diversos temas, mientras que Alberth Fernández Salazar tendría maestrías en derecho penal, procesal penal y gestión pública, pero ninguno de ellos presentaría experiencia específica en derechos humanos.
Por su parte, Tania Griselda Loyaga Flores y Katherine Fiorella Delgado López solo habrían mencionado en sus currículums un curso de 60 horas en Especialización en Derecho Constitucional, Procesal Constitucional y el Sistema de Derechos Humanos organizado por el Colegio de Abogados de Huaura. Javier Antonio Heredia Cercado habría informado que llevó un diplomado de 120 horas sobre violencia contra mujeres, derechos humanos e interculturalidad en el Colegio de Abogados del Callao.
Esta aparente falta de experiencia en temas de derechos humanos de los nuevos fiscales podría generar, como mínimo, una preocupante demora en las investigaciones sobre las muertes en las protestas, caso por el que la propia jefa de Estado se encontraría bajo investigación, entre otros funcionarios.
