La modificación presupuestaria llegó justo cuando la presidenta alcanzaba un récord histórico de 96% de desaprobación ciudadana
En un país donde la vida diaria se habría convertido en una carrera de obstáculos, donde el ciudadano de a pie se levantaría con miedo a ser asaltado, con la incertidumbre de si encontraría medicinas en un hospital público o si sus hijos tendrían clases en una escuela que no se cae a pedazos, el gobierno habría tomado otro camino: maquillar una realidad cada vez más difícil de ocultar.
El 8 de agosto, cuando Dina Boluarte alcanzaba un récord histórico de 96% de desaprobación, el despacho presidencial habría aprobado la modificación presupuestaria número 45, destinando 72 mil soles exclusivamente a reforzar sus servicios de comunicación digital. Un gasto que revelaría más que una cifra: un gobierno que ya no buscaría soluciones, sino excusas.
La cronología del maquillaje presidencial
En enero de 2024, el despacho presidencial había proyectado gastos en comunicación y redes sociales hasta 2026, reconociendo en ese momento que serían servicios necesarios. Sin embargo, un año después, en enero de 2025, esos mismos servicios habrían sido cancelados, reduciéndose a cero. Ahora, apenas ocho meses después, reaparecerían «de emergencia» justo tras el desastroso mensaje presidencial del 28 de julio, que la ciudadanía habría calificado como intrascendente, incompleto y demasiado largo.
La distribución de los recursos habría quedado establecida de la siguiente manera: 24 mil soles para gestor de contenidos web y redes sociales, 18 mil soles para monitoreo de noticias, 18 mil soles para diseño y edición digital, y 12 mil soles para registro fotográfico. Servicios que habrían estado cancelados desde 2024, eliminados en enero de 2025 y reactivados en agosto como si fueran una urgencia nacional.
Mientras tanto, las verdaderas urgencias esperan
Mientras el gobierno destinaría recursos a pulir su imagen digital, las verdaderas urgencias del Perú seguirían esperando. La seguridad ciudadana se habría convertido en una de las principales pesadillas: en 2021 se registraban 4,500 casos de extorsión, pero para 2023, bajo la gestión de Boluarte, esa cifra habría saltado a más de 20,000, una multiplicación que aterraría a la población.
En salud pública, los médicos denunciarían que deben improvisar tratamientos por falta de medicamentos, que los equipos quirúrgicos estarían oxidados y que las ambulancias no tendrían gasolina. En educación, los maestros enseñarían en aulas donde entraría la lluvia, con pizarras que se deshacerían, con estudiantes que no tendrían sillas, ni carpetas, ni libros.
La contradicción comunicacional
Lo más contradictorio sería la relación de Boluarte con la prensa. En 2024 habría llegado a pasar más de 100 días sin declarar a los medios, manteniéndose en silencio como estrategia. Pero en paralelo, destinaría 25 mil soles mensuales a un vocero presidencial y mantendría un área de comunicación donde algunos funcionarios cobrarían hasta 17 mil soles al mes.
Un gobierno que callaría frente a los periodistas pero que gastaría millones en diseñar su propia versión de la historia no sería comunicación, sino manipulación política. La modificación número 45 no sería un trámite burocrático, sino un espejo que reflejaría lo que realmente preocuparía a Dina Boluarte: no la vida de los peruanos, sino su propia imagen.
El análisis de expertos
Analistas políticos consultados señalarían que lo ilegal sería gastar el dinero en algo que en realidad no se necesitaría. «No es lo que necesitamos los peruanos, que la imagen de nuestra presidenta mejore. Lo que los peruanos necesitamos es que ese dinero sea utilizado, por ejemplo, para apoyar a las ollas comunes», habría indicado uno de los especialistas.
La situación demostraría una vez más la frivolidad de Boluarte, quien estaría pagando para tener amigos digitales, para que se mienta sobre su popularidad real. «Si están tratando de tener amigos en los medios de comunicación y en las redes sociales, pagándoles para que cambien su línea editorial, aquí estamos comprando editoriales y haciendo que la prensa pierda su libertad», señalaría otro analista.
La legitimidad no se compra
La presidenta que calla ante la prensa, que evade las preguntas difíciles, sería la misma que firma contratos de comunicación como si en ellos pudiera comprar legitimidad. Pero la legitimidad no se alquilaría en agencias ni se diseñaría en Photoshop ni se mediría en seguidores digitales. La legitimidad se ganaría en la calle, con hechos, con soluciones reales.
Y en eso, Dina Boluarte ya estaría derrotada.