Con más de 37 años de servicio judicial en dos etapas, el magistrado más antiguo de la Corte Suprema cumple 70 años y debe abandonar su cargo entre señalamientos y escándalos
El 30 de diciembre de 2025, César San Martín Castro dirá adiós a una carrera judicial que inició en 1976, no por elección propia, sino porque la Ley de la Carrera Judicial establece 70 años como límite de edad para ejercer la magistratura. El juez supremo decano, quien se desempeña actualmente como presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, deja el Poder Judicial en medio de una ceremonia de despedida que contrasta fuertemente con las múltiples polémicas que habrían marcado su gestión.
«He hecho lo que he podido en la medida de mis posibilidades y seguiré haciendo lo que tengo que hacer, sin miedos ni limitaciones», declaró San Martín en un video oficial del Poder Judicial. Sin embargo, estas palabras resuenan con ironía para quienes han seguido de cerca los escándalos que habrían empañado su trayectoria.
El caso de los «Cuellos Blancos»: La llamada que lo suspendió
Una de las controversias más graves que enfrenta San Martín habría surgido en 2018, cuando se difundió un audio enmarcado en el escándalo de los «Cuellos Blancos del Puerto». En la grabación, el magistrado le habría pedido al entonces presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos (actualmente en prisión), que «agilizara» trámites judiciales que concernían a su hermana menor.
«No hubo voluntad de torcer la justicia… Cuando hay retraso, cualquier litigante (yo lo era) tiene el derecho de acudir al titular de la Corte», se justificó San Martín en su momento. No obstante, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no vio las cosas del mismo modo y lo suspendió por 30 días en febrero de 2021, una sanción que posteriormente ratificó.
Aunque San Martín presentó un amparo y el juez Jorge Ramírez anuló la medida, y la entonces fiscal de la Nación Zoraida Ávalos archivó la investigación del Ministerio Público, el daño a su imagen ya estaba hecho. La percepción pública sobre su imparcialidad judicial habría quedado seriamente cuestionada.
Los correos españoles: ¿Sentencia fabricada contra Fujimori?
Pero quizás la polémica más explosiva que persigue a César San Martín se relaciona con la sentencia a 25 años de prisión que impuso en 2009 al expresidente Alberto Fujimori por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Lo que debió ser el momento cumbre de su carrera se habría convertido en su talón de Aquiles más doloroso.
Entre 2008 y 2010, San Martín habría intercambiado correos electrónicos con juristas españoles, entre ellos Gonzalo del Río Labarthe, Mar Carrasco y Carmen Juanatey, consultándoles sobre cómo aplicar la figura de «autor mediato» para condenar a Fujimori, incluso antes de que concluyera el juicio oral.
En un correo del 11 de marzo de 2008, San Martín habría escrito: «Gonzalo tengo varias dudas respecto a lo que ha hecho la Fiscalía y antes de decidir algo… te pido que te juntes con el negro Juan Carlos (Sandoval) y, con la gente del Seminario…». El 17 de abril, Del Río le habría respondido recomendándole explícitamente que condenara a Fujimori bajo la figura de «autoría mediata».
Sus detractores argumentan que estos correos confirmarían que la sentencia ya habría estado redactada antes del fin del juicio, lo que constituiría una grave violación al debido proceso. San Martín siempre ha rechazado estas acusaciones, señalando que cualquier magistrado puede recibir aportes de colegas antes de emitir una sentencia y que él no fue el único autor del fallo.
Sin embargo, el constitucionalista Aníbal Quiroga fue contundente en su momento: «Lo que hizo San Martín es inadmisible en cualquier parte del mundo». La controversia se habría agravado porque la figura de «autor mediato» no estaría tipificada en el código penal peruano, y porque San Martín habría agregado el concepto de «lesa humanidad» a la sentencia, lo cual no habría estado previsto en la acusación fiscal ni en la extradición autorizada por Chile.
El rencor fujimorista: ¿venganza personal?
Otro elemento que alimenta la controversia es el hecho de que San Martín fue cesado de su cargo en 1992 durante el autogolpe de Alberto Fujimori. Sus críticos sostienen que a partir de ese momento habría nacido un «rencor personal» contra el expresidente, lo que habría empañado su imparcialidad al juzgarlo años después.
«Se ha querido pensar que es una violación a la ética, es algo absurdo porque primero yo no fui el único autor de la sentencia… nadie me va a dictar sentencias», se defendió San Martín en 2012. Pero la sombra de la duda nunca se habría disipado completamente.
Caso Valkiria y Los Waykis en la Sombra: Los últimos escándalos
En los últimos años, el nombre de César San Martín habría aparecido vinculado a dos casos emblemáticos de corrupción que sacuden al país: el caso Valkiria que involucra a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides, y el caso «Los Waykis en la Sombra» que involucra a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte.
Según declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva, San Martín supuestamente habría sido cercano a los padres de Patricia Benavides y, a través de ellos, se habría buscado beneficiar a la exfiscal. Aunque la acusación no prosperó, el solo hecho de ser mencionado en este contexto habría generado nuevas dudas sobre su imparcialidad.
En el caso «Los Waykis en la Sombra», un testigo protegido habría señalado que el juez supremo se habría contactado con la Sala de Apelaciones para que se revoque la prisión preventiva de Nicanor Boluarte. Nuevamente, aunque no se comprobaron las acusaciones, el daño reputacional habría sido considerable.
El impedimento por su hijo: El caso Santiváñez
En una revelación más reciente, se habría descubierto que César San Martín está impedido de intervenir en los procesos penales contra el exministro del Interior Juan José Santiváñez. La razón no es su imparcialidad, sino un conflicto de intereses familiar: su hijo, Diego San Martín Villaverde, es abogado director del Estudio Caro & Asociados, el mismo despacho que defiende a Santiváñez.
Este impedimento habría sido advertido en diciembre de 2024, cuando la Sala Suprema Penal Permanente debía evaluar la inhibición de otro juez en el caso. Según documentos a los que accedió Infobae, el asistente judicial habría reconocido un «error involuntario» al no advertir antes el parentesco.
El archivo del caso Madre Mía y otras decisiones polémicas
En abril de 2009, San Martín habría liderado la Segunda Sala Penal Transitoria que dispuso el archivo del caso Madre Mía contra el expresidente Ollanta Humala, argumentando falta de pruebas suficientes y que la Fiscalía no presentó acusación. Este caso fue reabierto posteriormente en noviembre de 2024 tras surgir nuevos elementos.
Un legado en disputa
César San Martín ingresó al Poder Judicial en 1976 y su carrera se divide en dos etapas claramente diferenciadas: la primera desde 1976 hasta 1992 (16 años), cuando fue cesado por el autogolpe de Alberto Fujimori, y la segunda desde 2004 hasta la actualidad (21 años), cuando fue nombrado juez supremo por el Consejo Nacional de la Magistratura. En total, acumula más de 37 años de servicio judicial activo. Fue presidente del Poder Judicial entre 2011 y 2012, y preside la Sala Suprema Penal Permanente desde 2018.
Como parte de su trayectoria académica, San Martín se habría desempeñado como profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y sería autor de numerosos libros sobre Derecho Procesal Penal. Ostenta la condecoración de la Orden El Sol del Perú en grado de «Gran Cruz».
Sin embargo, este 30 de diciembre, cuando cumpla 70 años y sea cesado automáticamente, César San Martín deja el Poder Judicial no solo como el juez que condenó a Alberto Fujimori, sino también como una figura profundamente controversial cuyo legado permanece en disputa. Sus defensores lo ven como un valiente guardián de la justicia que enfrentó al poder. Sus detractores lo señalan como un magistrado que habría comprometido la imparcialidad judicial en casos fundamentales para la historia del país.
La ceremonia de despedida que el Poder Judicial le habría organizado contrasta con el hecho de que varios magistrados y analistas jurídicos cuestionan el impacto real de su gestión. Mientras algunos medios publicaban hace una semana que «se va juez César San Martín: Siembra vientos y cosecharás tempestades», describiendo su inclinación ante la bandera nacional «con el rostro de la derrota de los años y de las críticas», otros destacan su valentía al haber enfrentado a la dictadura fujimorista.
Lo cierto es que César San Martín se retira del Poder Judicial en el momento en que tres de los magistrados más controvertidos del país abandonarán sus cargos antes de finalizar 2026 al cumplir el límite de edad. Junto a él, los fiscales supremos Zoraida Ávalos y Pablo Sánchez lo harían en junio de 2026, y el juez Jorge Luis Salas Arenas en diciembre del mismo año.
El retiro de San Martín marca el fin de una era en el Poder Judicial peruano. Una era que, para muchos, habría estado marcada tanto por momentos de valentía institucional como por graves cuestionamientos a la imparcialidad y la ética judicial. El juicio de la historia sobre su legado aún está pendiente.