La presidencia firma y calla mientras los hospitales colapsan y las familias peruanas ajustan la comida del mes
Mientras los hospitales colapsan y las familias peruanas ajustan la comida del mes, el Estado habría pagado 70,000 soles para financiar la defensa legal de Enrique Vilchez, secretario general del despacho presidencial de Dina Boluarte, quien estaría investigado por presunto encubrimiento del prófugo Vladimir Cerrón. Un escándalo político y ético que debería preguntarnos por qué el Estado protege a sus propios investigados.
Enrique Ernesto Vilchez, abogado con maestría en gestión pública y experiencia en contratación estatal, habría sido designado como el operador de confianza de los Boluarte desde sus primeros vínculos con Perú Libre en 2017. Su cercanía no sería casual: fue parte del equipo de Nicanor Boluarte, luego asesor en el Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción perteneciente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, hasta alcanzar la Secretaría General del Despacho Presidencial desde diciembre de 2022 con un sueldo estimado en 25,000 soles mensuales.
El abuso de la ley en beneficio propio
«El gran problema es cuando se abusa de la ley y como en este caso, en este régimen, se hacen cosas que podrían ser legales pero que no son correctas. Entonces, ¿es correcto que un funcionario de este tipo aupado por la señora presidenta tenga ese beneficio en este momento? Yo creo que no. Entonces ahí es donde se hace un mal uso de la ley y se abusa de la ley», señalan fuentes consultadas por China Polo Dominical.
La fiscalía lo vincularía con el llamado «caso cofre». Entrevistas judiciales revelarían que él habría estado presente en reuniones en la sala Bolognesi, donde se habrían discutido estrategias para ocultar al prófugo Vladimir Cerrón. Estas versiones provendrían de testigos como los exjefes de la policía Roger Arista y Jorge Angulo, quienes habrían confirmado su presencia. Además, existirían registros de chat vía WhatsApp con congresistas de Perú Libre, donde se mencionaría coordinación para «apagar incendios» y mantenerlo oculto.
El operador que blindaría el poder
Vilchez no solo manejaría los despachos presidenciales, sino que habría sido quien emitió resoluciones para declarar como reservada la información del cofre presidencial, limitando el acceso a datos claves sobre los viajes oficiales. También habría gestionado su pasaporte diplomático para acompañar a Dina Boluarte a China en junio de 2024. Fue tan imprescindible que Alberto Otárola lo habría descrito como el enlace informativo sobre la salud de la presidenta durante el escándalo de sus cirugías en 2024.
«¿Qué tan grave considera que es que esta persona investigada por encubrir a Cerrón? Eso es gravísimo. O sea, yo creo que Cerrón representa la peor, con palabras simples, la peor conchudez de un político que está perseguido por corrupción y se pasea delante de nosotros. Es una cuestión de imagen, es una cuestión de reputación, de símbolo, ¿no? ¿Es correcto que esta persona que tiene todas las persecuciones habidas y por haber sea beneficiada así cuando nadie lo quiere atrapar?», cuestionan los analistas.
Más gastos con dinero del pueblo
En junio de 2025, el gobierno también habría autorizado el viaje de Vilchez y otros tres funcionarios a Francia para la conferencia sobre el océano con un gasto aproximado de 79,200 soles en viáticos y pasajes.
Enrique Vilchez no sería un funcionario cualquiera, sería la mano que blindaría los movimientos del poder. El gobierno no lo dejaría solo, lo financiaría con el dinero de todos los peruanos.
iPhones de lujo mientras el pueblo sufre
Como si todo esto fuera poco, esta misma semana se habría revelado que la Presidencia del Consejo de Ministros planearía comprar 112 celulares iPhones de alta gama valorizados en más de 740,000 soles. Sí, mientras las familias peruanas ajustan sus cuentas para llegar a fin de mes, ellos cambiarían de celular como si nada.
«No, eso es terrible. Además, además esos celulares se van a quedar, no es una cosa que se van a volver al estado con la tecnología, se vuelven desfasados. Yo creo que nuevamente el funcionario público tiene que tener las herramientas, pero lujos a costa nuestra, yo creo que eso es inadmisible», señalan las fuentes consultadas.
«Yo creo que lo que hay que empezar a mirar es la frivolidad del régimen y en general de las autoridades, porque en este país estamos mirando muchas autoridades que son reyes y que no son propiamente autoridades o funcionarios públicos cuya misión es servir al ciudadano», agregan.
Un Estado que despilfarra en tecnología de lujo y protege a sus investigados, mientras millones de peruanos viven con miedo, hambre y frustración. La pregunta que queda es: ¿hasta cuándo el pueblo peruano seguirá financiando los abusos de quienes deberían servirlo?