El Ejecutivo ignoró advertencias del Poder Judicial y Ministerio Público al oficializar restricciones a la extinción de dominio
A pesar de las críticas y advertencias de instituciones clave en la lucha contra la corrupción, el Gobierno de Dina Boluarte habría dado luz verde a una polémica modificación legal. La mandataria y el premier Gustavo Adrianzén firmaron la Ley Nº 32326, publicada este viernes 9 de mayo en El Peruano, que alteraría significativamente el proceso de extinción de dominio.
La norma, aprobada por el Congreso el pasado 10 de abril en segunda votación, establecería que la confiscación de bienes de origen ilícito solo proceda cuando exista una sentencia judicial firme y definitiva, con un plazo máximo de cinco años. Esto representaría un cambio radical en una herramienta que hasta ahora permitía decomisar activos vinculados a corrupción, narcotráfico y lavado de activos sin necesidad de esperar condenas definitivas.
Lo más cuestionable de esta decisión sería que el propio Ministerio de Justicia y Derechos Humanos había emitido un comunicado pidiendo al Parlamento reconsiderar la aprobación del dictamen, reconociendo que la extinción de dominio era un mecanismo «clave para recuperar bienes obtenidos de manera ilícita».
La norma contempla excepciones para casos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, secuestro, extorsión, trata de personas, contrabando, defraudación aduanera y tributaria, minería ilegal, estafa y delitos informáticos contra el patrimonio, que no requerirían sentencia firme. Sin embargo, la disposición complementaria final indica que estos cambios serían de aplicación inmediata en todos los procesos de extinción de dominio actualmente en trámite.
