El exministro que habría favorecido empresas alimentarias y obstruido la justicia regresa al poder con salario de 15,600 soles
Señores, señoras, ¿ustedes creen que esto es casualidad? El gobierno de Dina Boluarte acaba de reciclar nuevamente a Julio Demartini, el mismo exministro que habría estado implicado en el escándalo de Qali Warma, designándolo como asesor de la Alta Dirección de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
La designación se oficializó el pasado lunes 1 de septiembre a través de la resolución ministerial N° 216-2025-PCM, publicada en el diario El Peruano. Esta decisión la habría tomado el primer ministro Eduardo Arana, quien aparentemente no consideraría relevantes las múltiples investigaciones que pesan sobre Demartini.
¿Qué investigaciones? Las mismas por las que en enero de este año el funcionario tuvo que renunciar al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), después de más de dos años de gestión marcada por las intoxicaciones de niños debido al mal estado de los alimentos del programa escolar en diversos departamentos del país.
La Fiscalía lo investiga por los presuntos delitos de negociación incompatible y obstrucción a la justicia. Según la tesis fiscal, Demartini habría favorecido a empresas como proveedoras para la alimentación de los escolares en 2024 y 2025. Pero eso no es todo: también se le investiga por, supuestamente, impedir las pesquisas internas en la institución que intentaban detectar los problemas en las licitaciones.
Esta no sería la primera vez que el gobierno de Boluarte recicla a Demartini, en marzo de este año ya lo habían nombrado como asesor del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), con un salario mensual de S/15,600, incluido impuestos.
¿Y saben qué es lo más grave de todo esto? Que el contrato en Mincetur comenzó a regir un día antes de que el Poder Judicial evaluara el pedido de impedimento de salida del país en contra de Demartini. ¿Casualidad? Ustedes saquen sus propias conclusiones.
El exministro habría sido contratado bajo la modalidad de locación de servicios como proveedor del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), un programa que permite contratar profesionales para el sector público sin establecer un vínculo laboral con el Estado.
Mientras niños se intoxicaron con alimentos en mal estado, mientras familias sufrieron por la negligencia del programa Qali Warma, mientras la justicia busca la verdad sobre presuntas irregularidades, el gobierno de Dina Boluarte decide premiar con un cargo bien remunerado a quien habría estado involucrado en todo este escándalo.
¿Ustedes creen que esto es normal? ¿Ustedes permitirían que en sus trabajos contraten como asesores a personas investigadas por corrupción? Esta es la reforma del Estado que nos prometieron: reciclar a los mismos de siempre mientras el pueblo sigue esperando justicia.