El fiscal interino justifica los archivos por «falta de naturaleza penal» y arremete contra Delia Espinoza denunciando injerencia ideológica en el Ministerio Público
En una revelación que no pasó desapercibida, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, reconoció públicamente que durante su gestión decidió archivar hasta tres investigaciones preliminares que involucraban a la expresidenta Dina Boluarte. La razón que expuso: ausencia de elementos que configuren delitos penales.
Durante su participación en un programa, Gálvez no evadió el tema y explicó que su decisión de cerrar estos expedientes se habría fundamentado en la inexistencia de pruebas sólidas, la falta de configuración de delitos o, en algunos casos, porque las acusaciones presentadas resultarían imposibles de comprobar. «Algunas denuncias contra Boluarte las hemos archivado porque no revestían naturaleza penal, otras por falta de pruebas o porque los hechos imputados resultaban inverosímiles. Se trató de procesos sin sustento, por lo que correspondía darles cierre», declaró sin titubeos.
Pero aquí viene lo interesante, señores: mientras varios expedientes fueron enviados al archivo, el mediático caso Rolex continúa su curso. Según Gálvez, este caso específico sí contaría con elementos de sospecha suficientemente graves como para mantener las indagaciones activas contra la exmandataria. Una diferenciación que, naturalmente, levanta interrogantes sobre los criterios aplicados.
La cirugía estética: un expediente en el limbo
Cuando se le consultó sobre las pesquisas relacionadas con la presunta intervención quirúrgica de Boluarte, Gálvez dio una respuesta que deja más dudas que certezas. Afirmó que, si bien el expediente no ha sido clausurado, hasta ahora no habría identificado conductas que puedan calificarse como delito. «Seguimos recabando información y evaluando, pero no se ha determinado aún una conducta penal», manifestó.
El fiscal interino justificó esta situación alegando el volumen abrumador de trabajo que enfrenta la institución y recordó que apenas lleva tres meses al frente del cargo, tiempo durante el cual estaría familiarizándose con la totalidad de casos bajo su responsabilidad. Una explicación que, para muchos, podría sonar a excusa.
Gálvez no se guarda nada: ataca a Delia Espinoza
Pero las declaraciones de Tomás Gálvez no se limitaron a los casos de Boluarte. El fiscal interino aprovechó la entrevista para lanzar duras críticas contra Delia Espinoza, quien recientemente fue destituida por la Junta Nacional de Justicia tras recibir una inhabilitación de diez años.
Según explicó Gálvez, aunque la sanción ya está sobre la mesa, el proceso para nombrar a un nuevo fiscal de la Nación titular no puede avanzar hasta que la resolución quede firme. Esto significa que Espinoza todavía tendría la posibilidad de presentar recursos administrativos que podrían alargar el proceso.
«Ella tiene cinco días para presentar una reconsideración. Solo si la Junta Nacional de Justicia ratifica la destitución, se podrá elegir a un nuevo fiscal de la Nación titular», señaló Gálvez, quien también describió el momento actual del Ministerio Público como un periodo crítico de transición donde las decisiones de liderazgo serían fundamentales para recuperar la credibilidad institucional.
La denuncia explosiva: «Injerencia ideológica» en la Fiscalía
Ahí no terminó la cosa. Gálvez fue más allá y puso el dedo en la llaga al denunciar lo que considera una influencia indebida de ciertos sectores en el funcionamiento del Ministerio Público. Según sus palabras, grupos vinculados a organizaciones no gubernamentales y al ámbito de los derechos humanos habrían ejercido presión sobre decisiones institucionales, afectando tanto la autonomía como la estabilidad de la entidad.
El fiscal interino no mencionó nombres, pero señaló directamente al exfiscal Pablo Sánchez como parte de este esquema. «Esa injerencia ideológica llevó a la desarticulación de la Junta de Fiscales Supremos y al desprestigio de las instituciones. Es necesario que se investigue en profundidad cómo se produjo esa influencia y quiénes se prestaron a esos juegos», declaró con firmeza.
Para Gálvez, esta supuesta manipulación habría sido «notoria y comprobable», y exigió que se realicen investigaciones exhaustivas para identificar a los responsables de haber permitido esta situación.
El plan de Gálvez: frenar investigaciones sin fundamento
Ante las críticas sobre la cantidad de denuncias que saturan el sistema, Gálvez anunció que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público incluiría una medida clave: no se podrán iniciar investigaciones sin contar previamente con al menos un elemento objetivo que sustente una sospecha mínima. El objetivo sería evitar que se abran procesos basados únicamente en especulaciones o rumores.
Esta propuesta llega en medio de cuestionamientos sobre la forma en que la fiscalía ha manejado casos de alto perfil mediático. Al respecto, Gálvez defendió la importancia de contar con pruebas contundentes antes de dictar medidas como la prisión preventiva o sentencias condenatorias, y lamentó que presiones externas —ya sean de medios de comunicación o de grupos ideológicos— hayan influido en decisiones judiciales y fiscales.
Un ejemplo que el fiscal no dudó en mencionar fue el caso de Keiko Fujimori y la investigación por el presunto delito de lavado de activos relacionado con los aportes de campaña conocidos como «los cócteles». «El caso de los cócteles es el ejemplo de la manipulación de la administración de justicia. Yo fui el primero en señalar que no había delito de lavado de activos, lo que finalmente confirmó el Tribunal Constitucional», recordó Gálvez, en un claro intento de validar su postura frente a críticas previas.