El fiscal de la Nación busca cambiar las reglas del juego tras el triunfo de Delia Espinoza en el CAL
Señores, señoras, aquí no hay casualidades. El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que busca modificar los requisitos de permanencia en la carrera fiscal justo después de que su archienemiga, la exfiscal de la Nación Delia Espinoza, resultara elegida como la nueva decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL).
La propuesta de Gálvez tiene un objetivo claro: modificar el artículo 4 de la Ley de la Carrera Fiscal para que la habilitación en un colegio profesional sea exigible únicamente para ingresar al cargo de fiscal, pero no para mantenerse en él. Así de simple, así de conveniente.
La iniciativa llega en un momento más que sospechoso. Hace apenas una semana, Gálvez anunció públicamente su retiro del Colegio de Abogados de Lima por temor a que se inicien procesos disciplinarios deontológicos en su contra que podrían derivar en su inhabilitación profesional.
«En esta semana voy a renunciar a mi agremiación al Colegio de Abogados de Lima. No es que sea tanto poder, sino es que puede iniciar procesos administrativos, buscar inhabilitar. Como eso genera conflicto en la función, hay que evitarlo simplemente», declaró Gálvez la semana pasada. «Con eso ella no tiene competencia sobre mí, sobre el ejercicio de mi labor como abogado».
Pero renunciar no le bastó. Ahora quiere cambiar la ley para que ningún fiscal pueda ser tocado por los colegios de abogados, sin importar qué tan graves sean sus faltas deontológicas.
Los argumentos de Gálvez
Según la exposición de motivos del proyecto, la redacción vigente de la Ley de la Carrera Fiscal permitiría que instituciones ajenas al control disciplinario constitucional —como la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y la Autoridad Nacional del Control (ANC)— se «entrometan» en la permanencia de los magistrados.
El documento sostiene que los colegios de abogados podrían interpretar la norma vigente «irrogándose facultades sancionadoras que no poseen», en el entendido de que la inhabilitación en el ejercicio profesional de la abogacía constituiría un mecanismo indirecto que les permitiría apartar o remover del cargo a un fiscal del sistema de justicia.
Gálvez argumenta que el hecho de que un fiscal pueda ser apartado de su cargo por no contar con una habilitación vigente constituye un mecanismo indirecto que vulnera la independencia y seguridad jurídica del sistema de justicia.
Para el fiscal de la Nación, permitir que un gremio profesional tenga la capacidad de remover de facto a un fiscal representa una supuesta «intromisión de funciones disciplinarias» que deberían ser exclusivas de la JNJ y la ANC.
El blindaje perfecto
Al suprimir el extremo que vincula la habilitación profesional con la permanencia, el proyecto busca evitar «interpretaciones deliberadas» que pongan en riesgo la carrera de los fiscales por decisiones de carácter ético-gremial.
De aprobarse esta reforma, la colegiatura pasaría a ser un requisito meramente formal de entrada, blindando a los fiscales de cualquier medida sancionatoria proveniente de los colegios profesionales, como el que ahora liderará Delia Espinoza.
El proyecto de ley ya fue derivado a la Comisión de Constitución del Congreso, grupo de trabajo que preside el fujimorismo. Recientemente, Tomás Gálvez ya se presentó ante la referida comisión para sustentar el cuestionado proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público.
Esta boca no la calla nadie: Gálvez le tiene miedo a Delia Espinoza y ahora quiere cambiar las reglas del juego para que nadie pueda tocarlo. Así de claro.