Fiscales anticorrupción acusan al titular del MP de querer eliminar su independencia para poder moverlos «como fichas de ajedrez»
Ya empezó la guerra. Tomás Gálvez lleva apenas días como Fiscal de la Nación y ya tiene a medio Ministerio Público en su contra. El motivo: una reforma que, según sus críticos, convertiría a los fiscales especializados en «fichas movibles» al antojo del poder de turno.
En una entrevista que dio el domingo en Panamericana, Gálvez no tuvo filtro. Disparó directo contra los fiscales que cuestionan su proyecto de ley: «Se acostumbraron a considerar como su feudo el despacho fiscal y no quieren salir de ahí», soltó sin anestesia.
Para el nuevo titular del MP, el problema está en la actual Ley Orgánica (Decreto Legislativo 052), que califica de «totalmente obsoleta». ¿Su mayor crítica? Que permite a los fiscales investigar «conforme a su propio criterio, que puede ser el peor de los criterios», según sus palabras textuales.
«Tenemos que lograr que no se abran investigaciones si no hay suficientes elementos objetivos», argumentó Gálvez, quien juramentó el viernes pasado y estará en el cargo hasta 2029, tras la destitución de Delia Espinoza.
Pero del otro lado, los fiscales especializados no se están quedando callados. Un informe que acaba de hacer público el portal Epicentro muestra el nivel de rechazo: magistrados de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada (FECOR) y de las fiscalías Anticorrupción prepararon un documento donde destrozan la propuesta punto por punto.
¿Qué es lo que más les preocupa? Que la reforma daría luz verde para reubicar o destacar fiscales a otras especialidades o distritos «por necesidad de servicio». Así, sin más. Un fiscal que lleva años investigando corrupción podría amanecer investigando violencia familiar en otra ciudad si al Fiscal de la Nación se le antoja.
Y hay más. La reforma también exige que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) modifique los títulos de los fiscales especializados. Se acabaría la denominación específica de «fiscal anticorrupción» o «fiscal contra el crimen organizado». Todos pasarían a ser simplemente «fiscal penal», sin especialidad ni plaza fija.
Para los magistrados que firmaron el informe, esto es un ataque directo a la Constitución. «Se vulnera la garantía constitucional de inamovilidad en el cargo y a no ser trasladados sin consentimiento», advierten con todas sus letras.
El documento va más allá y pone el dedo en la llaga: «La posibilidad de cambiar frecuentemente a los fiscales de especialidad y distrito aumenta el riesgo de influencias o presiones internas o externas». Traducción: si un fiscal está investigando a alguien poderoso, basta con mandarlo a otra especialidad para que el caso quede en el aire.
Los fiscales no lo dicen con medias tintas: «La inamovilidad no solo es un derecho fundamental, sino una garantía de independencia en el ejercicio de funciones». Y rematan: esto afectaría la calidad del servicio que se debe prestar a la sociedad.
Ahora mismo, los fiscales provinciales están pidiendo una reunión urgente para pronunciarse oficialmente y elevar sus observaciones al mismísimo Gálvez. El proyecto se sustenta hoy martes ante el Congreso, así que el tiempo corre.
Mientras tanto, Gálvez asegura que en su gestión «no habrá persecución política, ni impunidad, ni arbitrariedad». Promete «rescatar la imagen del Ministerio Público». Palabras bonitas.
Pero la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta es esta: ¿por qué tanta urgencia en aprobar una reforma que elimina las especialidades justamente cuando hay investigaciones en curso contra personajes pesados de la política? ¿Será coincidencia?
Los fiscales anticorrupción ya pusieron las cartas sobre la mesa. Ahora falta ver si el Congreso les hace caso o si, como tantas otras veces, aprueba lo que conviene aunque vulnere la Constitución.