La Tercera Sala Constitucional programó audiencia para el 9 de marzo donde se evaluará la solicitud de nulidad de la sanción impuesta por el Congreso
La Tercera Sala en lo Constitucional de Lima admitió a trámite la demanda de amparo presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien busca revertir la inhabilitación de 10 años que le fue impuesta por el Congreso de la República en relación con el Reglamento de actuación fiscal.
La sala especializada determinó que la demanda cumple con los requisitos de ley y ha fijado la audiencia única para el próximo 9 de marzo a las 8:30 horas.
En su demanda, Espinoza solicita que se declare la nulidad de la inhabilitación impuesta y la restitución de sus derechos fundamentales como autoridad constitucional. La petición incluye su reposición inmediata en los cargos de fiscal de la Nación y fiscal suprema, así como el pago de los beneficios económicos que habría dejado de percibir durante el periodo de sanción.
Adicionalmente, la demanda plantea que se exhorte al Congreso a garantizar el derecho al debido proceso en futuros procedimientos de juicio político y solicita la declaración de nulidad de la resolución que levantó su antejuicio constitucional, lo que habilitó su procesamiento penal.
El Congreso de la República cuenta con un plazo de 10 días hábiles desde la notificación de la resolución de admisión para presentar su respuesta a la demanda.
Es importante destacar que existe un antecedente relevante: la misma Tercera Sala en lo Constitucional de Lima declaró inaplicable la inhabilitación que el Congreso impuso a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos, ordenando su reposición como fiscal suprema titular.
Los hechos que motivaron la sanción
La inhabilitación de Delia Espinoza se originó por su presunta participación en la elaboración y aprobación del Reglamento de actuación fiscal. Basándose en estos hechos, el Congreso decidió además levantar su antejuicio constitucional, habilitando su procesamiento penal por los presuntos delitos de abuso de autoridad, prevaricato, falsedad genérica y usurpación de función pública.
Según documentos del Ministerio Público, ni Espinoza ni otros fiscales supremos, con excepción del exfiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena, habrían participado en la redacción del reglamento cuestionado. Sin embargo, el Congreso continuó con el procedimiento de inhabilitación y levantamiento de antejuicio.
Con el antejuicio levantado, el entonces fiscal de la Nación interino Tomás Gálvez formalizó la investigación preparatoria contra Espinoza.
El juez de investigación preparatoria Juan Carlos Checkley aprobó la formalización tras verificar el cumplimiento de los requisitos legales: descripción del presunto hecho ilícito, identificación de la investigada y especificación del plazo de prescripción.
La resolución judicial establece un plazo de investigación preparatoria de 120 días naturales, que vencería en abril de 2026, aunque podría ampliarse por decisión fiscal. Asimismo, se ordenó notificar a la Procuraduría General del Estado para su eventual constitución como actor civil.
Fuentes jurídicas señalan que la defensa de Espinoza estaría evaluando presentar una excepción de improcedencia de acción, buscando que el Poder Judicial determine que los hechos atribuidos no le corresponden o carecen de relevancia penal, lo que podría derivar en el archivo definitivo del proceso.
Actualmente, Delia Espinoza mantiene formalmente el cargo de fiscal de la Nación, aunque no puede ejercerlo debido a la inhabilitación. Su periodo constitucional culmina en octubre de 2027. Mientras tanto, la Junta de Fiscales Supremos analiza la posibilidad de elegir un nuevo titular para el Ministerio Público.