Fiscal con más de cinco años de experiencia enfrenta intimidaciones mientras lidera investigaciones contra criminalidad organizada en la capital
Una magistrada provincial que labora en Lima Norte viene denunciando una serie de amenazas e intimidaciones que habrían sido perpetradas por reclusos del establecimiento penitenciario de Lurigancho. Los internos le habrían hecho llegar mensajes a través de WhatsApp donde demostrarían tener conocimiento detallado sobre su vida cotidiana, incluyendo su domicilio y los horarios en que se desplaza.
La funcionaria judicial, quien acumula más de cinco años ejerciendo en diversos distritos de la capital como San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres, habría recibido tanto mensajes escritos como notas de voz donde se evidenciaría que su rutina estaría siendo monitoreada. Entre las advertencias recibidas destacaría una que señalaba: «Sabemos dónde vives y aunque tengas escolta, algún día te encontrarás sola».
Este caso se registra en un contexto donde múltiples operadores de justicia en Lima habrían reportado situaciones similares. Según información del Ministerio Público, al menos 25 fiscales que trabajan en casos de criminalidad organizada estarían enfrentando amenazas, lo que evidenciaría un patrón de hostigamiento hacia quienes investigan estructuras delictivas.
Vigilancia constante y comunicaciones intimidatorias
Durante las últimas semanas, la magistrada habría recibido múltiples comunicaciones con contenido amenazante. Específicamente el 11 de diciembre, habrían llegado varios mensajes que incluirían insultos y advertencias sobre posibles acciones en su contra, con el aparente objetivo de presionarla para que desista de procesos judiciales que mantendría contra algunos internos del penal.
La fiscal habría manifestado que estas últimas amenazas resultarían particularmente preocupantes porque demostrarían un nivel de seguimiento detallado de sus actividades diarias. La información precisa sobre sus movimientos sugeriría la existencia de un esquema de vigilancia o «reglaje» coordinado desde el interior del penal hacia el exterior.
Pese a la presión, la funcionaria habría ratificado su compromiso de continuar con su labor judicial y habría solicitado a las autoridades correspondientes que se identifique y sancione a los responsables conforme establece la legislación vigente. «Ellos buscan que desista de mi labor, pero la legalidad debe prevalecer frente a cualquier amenaza», habría declarado.
Antecedente: incidente previo en abril
La situación de vulnerabilidad que enfrenta la magistrada no sería reciente. En el mes de abril del presente año, se habría registrado un incidente donde su personal de seguridad policial habría logrado impedir que una motocicleta de características sospechosas se acercara a su vehículo en lo que podría haber constituido un intento de interceptación.
Desde aquel episodio, los actos de intimidación habrían aumentado tanto en cantidad como en intensidad. Actualmente, la fiscal cuenta con resguardo policial permanente, sin embargo, las amenazas continuarían llegando de manera sistemática, generando no solo riesgo físico sino también presión psicológica que podría afectar el desarrollo normal de las investigaciones que conduce.
Panorama nacional: fiscales bajo presión
El coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, Jorge Chávez Cotrina, habría informado al Congreso de la República que 25 fiscales en la capital estarían siendo objeto de intimidaciones de muerte por parte de organizaciones delictivas. Esta cifra daría cuenta de la magnitud del problema que enfrentarían los operadores de justicia dedicados a combatir el crimen organizado.
Chávez Cotrina habría señalado que las medidas de seguridad actuales resultarían insuficientes, ya que las estructuras criminales habrían desarrollado métodos sistemáticos de amedrentamiento. El fiscal superior habría advertido que incluso con la asignación de escoltas policiales, la integridad de los magistrados no estaría completamente garantizada, citando precedentes ocurridos en otros países de la región.
El Ministerio Público estaría implementando protocolos como la variación de rutas hacia los centros laborales y la rotación de horarios. Sin embargo, se habría reconocido que la Policía Nacional no contaría con el personal suficiente para proporcionar protección efectiva e individualizada a cada fiscal que la requiera, lo que expondría las limitaciones estructurales del sistema de seguridad.
Caso paralelo en San Juan de Lurigancho
Otra fiscal provincial, Margarita Haro Pinto, quien trabaja en San Juan de Lurigancho, habría denunciado estar siendo víctima de amenazas similares tras conducir una investigación contra la agrupación criminal conocida como «Los Chukys de Juan Pablo II». Luego de solicitar prisión preventiva para siete integrantes de esta organización, la magistrada habría comenzado a recibir mensajes exigiéndole que renuncie a su cargo en un plazo de 24 horas.
Las amenazas contra Haro Pinto habrían sido atribuidas a otra estructura delictiva denominada «Los Pepes SJL», cuyo presunto líder se encontraría bajo medidas restrictivas. La fiscal habría manifestado que no cederá ante estas presiones: «No voy a sucumbir ante ningún amedrentamiento que busque vulnerar mis decisiones», habría afirmado.
Como respuesta, el Ministerio Público habría dispuesto la asignación de seguridad policial permanente tanto para ella como para su grupo familiar, en una acción que buscaría demostrar el respaldo institucional hacia los fiscales que enfrentan este tipo de situaciones.
Respuesta institucional y desafíos pendientes
El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, habría señalado que la institución mantiene su respaldo hacia los magistrados amenazados y que no se tolerarían estos actos de intimidación. No obstante, la recurrencia de casos similares evidenciaría que las medidas de protección implementadas hasta el momento no estarían siendo suficientemente efectivas.
La problemática pondría en evidencia múltiples desafíos: por un lado, los operadores de justicia que investigan criminalidad organizada estarían expuestos a riesgos constantes que el aparato estatal no estaría logrando neutralizar de manera efectiva. Por otro lado, el hecho de que las amenazas provengan desde el interior de establecimientos penitenciarios sugeriría deficiencias en el control y vigilancia dentro de estos centros.
La capacidad que mantendrían los internos para comunicarse con el exterior y coordinar acciones de seguimiento e intimidación plantearía interrogantes sobre la efectividad de los sistemas de seguridad penitenciaria. Los fiscales continúan desarrollando su labor pese a estas circunstancias, pero habrían manifestado la necesidad de contar con mecanismos de protección más robustos que les permitan ejercer sus funciones sin temor a represalias.