Extorsionadores habrían evolucionado de amenazas anónimas a seguimiento físico con el ultimátum «plata o plomo» contra autoridades que investigan crimen organizado
Señores y señoras, lo que estamos viviendo es una vergüenza nacional que pone en riesgo la lucha contra el crimen organizado. Mientras ustedes celebran las fiestas de fin de año, más de 25 fiscales especializados en criminalidad organizada están recibiendo amenazas de muerte directas, según reportes oficiales de la Coordinación Nacional de las Fiscalías contra la Criminalidad Organizada.
La modalidad criminal ha escalado dramáticamente: ya no son simples mensajes intimidatorios. Ahora estamos hablando de seguimiento físico, interceptación de comunicaciones y la aplicación del siniestro ultimátum «plata o plomo»: o archivan los casos o los matan. Así de directo, así de brutal.
EL BLANCO: LIMA ESTE, LIMA NORTE Y LA LIBERTAD
Fuentes del sector judicial confirmaron a este medio que el foco de los ataques se concentra en los distritos fiscales de Lima Este (San Juan de Lurigancho), Lima Norte y La Libertad. Los casos más alarmantes involucran a fiscales que investigan a facciones del ‘Tren de Aragua’ y ‘Los Pulpos’, organizaciones criminales que habrían interceptado comunicaciones y confirmado planes de sicariato contra autoridades judicales.
¿Y saben qué es lo peor? El fiscal superior Jorge Chávez Cotrina ya advirtió públicamente hace meses que al menos 25 fiscales se encuentran bajo amenaza inminente. ¿La respuesta del Estado? Prácticamente nula. La asignación de resguardo policial efectivo sigue siendo limitada debido a la falta de personal en la PNP. Así nos tienen: con los fiscales expuestos mientras los delincuentes campean a sus anchas.
PRESUPUESTO EN ROJO: 140 MILLONES MENOS PARA 2026
Como si la crisis de seguridad no fuera suficiente, ahora enfrentamos una asfixia logística que estrangula al Ministerio Público. La Junta de Fiscales Supremos alertó sobre un recorte presupuestal proyectado de más de 140 millones de soles para el ejercicio fiscal 2026.
¿Qué significa esto en la práctica? Que se pondría en riesgo:
La renovación de contratos de personal administrativo y de seguridad. Sin gente, no hay institución que funcione.
El funcionamiento de las fiscalías de turno que operan 24/7. Esas que atienden las emergencias cuando ustedes duermen tranquilos.
La logística para operativos de incautación y allanamiento. Sin recursos, no hay manera de ejecutar las diligencias que permiten desarticular bandas criminales.
SIN GARANTÍAS NI PROTECCIÓN
Pese a los diversos Estados de Emergencia que el Ejecutivo ha decretado en la capital, la percepción interna en el Ministerio Público es de total desprotección. Fuentes allegadas a las fiscalías corporativas penales declararon a China Polo: «No se puede perseguir el delito si el persecutor tiene que mirar por encima del hombro cada vez que sale de su despacho».
Y tienen toda la razón del mundo. ¿Cómo van a hacer su trabajo si están amenazados de muerte? ¿Cómo van a investigar con tranquilidad si saben que sus familias podrían estar en la mira?
Al cierre de esta nota, el Ministerio del Interior no ha emitido un comunicado oficial garantizando medidas extraordinarias de protección para los magistrados amenazados de cara a las fiestas de fin de año, precisamente una época donde el índice delictivo suele aumentar.
Señores, estamos ante una bomba de tiempo. Si el Estado no protege a quienes nos protegen de los criminales, ¿qué futuro nos espera? Esta boca no se calla ante esta grave situación que pone en riesgo el Estado de Derecho.