Magistrada suspendida renuncia a asumir el cargo mientras Gálvez se mantiene firme en no ceder el puesto
En un giro inesperado que profundiza la crisis institucional del Ministerio Público, la fiscal suspendida Delia Espinoza habría tomado la decisión de no acudir físicamente a las instalaciones del Ministerio Público en la avenida Abancay, según revelaron fuentes de su entorno a China Polo Dominical.
Esta determinación llegaría en un momento crítico, cuando existe una resolución judicial vigente que ordenaría su inmediata reinstalación como máxima autoridad del organismo. La magistrada habría justificado su postura señalando que buscaría preservar «el respeto hacia la institución y sus fiscales», en medio de un enfrentamiento directo con Tomás Gálvez, quien ejercería el cargo de manera interina y se habría mostrado inflexible ante cualquier posibilidad de transición.
La orden judicial que se quedaría en el papel
Hace tres días, específicamente el 10 de noviembre, una sala del Poder Judicial emitió un pronunciamiento categórico: Delia Espinoza debería retomar inmediatamente sus funciones como Fiscal de la Nación. El mandato judicial estableció un periodo de cumplimiento de apenas 48 horas, plazo que se habría agotado este jueves 13 de noviembre sin que la orden se materialice.
La traba para ejecutar esta disposición judicial radicaría en un requisito administrativo que aún estaría pendiente: la Junta Nacional de Justicia tendría que comunicar oficialmente a Tomás Gálvez sobre la resolución del Poder Judicial, paso que hasta el momento no se habría concretado.
El ultimátum que desató la tormenta
Apenas un día después del fallo judicial, el martes 11 de noviembre, Espinoza habría optado por una estrategia directa: envió una comunicación formal a Gálvez donde le exigiría que inicie el proceso de transferencia del cargo.
El contenido del documento no habría dejado espacio para interpretaciones: «Resulta necesario que proceda a realizar la entrega de cargo de su gestión como interino y designe a quien presidirá la comisión de transferencia de gestión a la suscrita. Corresponde suspender las gestiones institucionales propias del fiscal de la Nación», establecería la misiva.
La reacción del fiscal interino habría sido contundente y sin matices. Frente a las cámaras del Canal N, Gálvez habría descalificado totalmente la solicitud de Espinoza, tildándola de «despropósito» y acusándola de tergiversar el marco legal vigente.
«Ella cree que ya se reincorporó y está ejerciendo el cargo. No es así», habría sentenciado Gálvez de manera tajante. El fiscal interino habría sido claro al establecer su posición: mantendría el liderazgo del Ministerio Público hasta que la Junta Nacional de Justicia emita un documento oficial que disponga expresamente la restitución de Espinoza.
La JNJ en medio del fuego cruzado
Como si el panorama no fuera suficientemente complejo, la Junta Nacional de Justicia habría agregado otro elemento controversial al conflicto. A pesar de que el Noveno Juzgado Constitucional ordenó claramente que la JNJ debería reponer a Espinoza y paralizar completamente el procedimiento disciplinario que pesaría sobre ella, el organismo habría programado una nueva citación para la fiscal suspendida.
El próximo lunes 17 de noviembre, a las 8 de la mañana, Espinoza debería presentarse ante la JNJ para rendir su declaración. Esta convocatoria habría sido necesaria porque en una oportunidad anterior, la magistrada no se habría conectado a la sesión virtual programada.
El documento oficial, que llevaría la rúbrica de Magnolia Martínez Hidalgo, directora de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ, sería enfático al advertir que si Espinoza no comparece, se procedería sin considerar su testimonio.
El Poder Judicial habría sido explícito en su resolución al señalar que la JNJ habría incumplido con la medida de protección que disponía tanto la reposición de la fiscal suspendida como la suspensión total del proceso sancionador que se le seguiría.
Un conflicto que expone las fracturas del sistema
La situación actual colocaría al sistema de justicia peruano en una encrucijada sin precedentes recientes. Por un lado, existiría una magistrada que contaría con el respaldo de una resolución judicial favorable pero que habría optado por no hacer efectivo ese derecho «por respeto institucional». Por otro, se tendría a un fiscal interino que se aferraría al cargo argumentando que hasta que no exista una notificación formal de la JNJ, él mantendría la legitimidad para ejercer las funciones.
Y en el centro de esta disputa, estaría la Junta Nacional de Justicia, que continuaría con procedimientos disciplinarios a pesar de contar con órdenes judiciales que le instruirían suspenderlos.
Esta confrontación entre poderes e instituciones autónomas del Estado plantearía interrogantes fundamentales sobre los mecanismos de control, los límites de las competencias de cada organismo y, sobre todo, sobre quién tiene la última palabra cuando las interpretaciones del marco legal entran en colisión.
El desenlace de este enfrentamiento institucional podría establecer jurisprudencia relevante sobre cómo se resuelven los conflictos de competencia entre el Poder Judicial y los organismos constitucionales autónomos, particularmente cuando sus decisiones se contrapondrían de manera directa.
Mientras tanto, el Ministerio Público seguiría operando en medio de esta incertidumbre, con una crisis de liderazgo que afectaría su imagen institucional y pondría en duda la estabilidad de las investigaciones y procesos que estarían bajo su responsabilidad.