Fiscal José Domingo Pérez involucra a 25 personas en red de presunto lavado vinculada a constructora brasileña
El Ministerio Público, a través del fiscal José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato, formalizó este miércoles la acusación contra el empresario Gonzalo Monteverde Bussalleu y su esposa María Isabel Carmona Bernasconi. La fiscalía sustenta que ambos habrían participado en actividades de lavado de activos vinculadas a la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht.
La solicitud fiscal contempla 33 años de cárcel efectiva para la pareja, quienes permanecen fuera del alcance de las autoridades peruanas desde marzo de 2019. Junto a ellos, la acusación abarca a Sara Andrade, Karla Ganoza y otros dos implicados, además de 21 entidades empresariales entre las que destacan Construmaq SAC, Inversiones El Santuario SAC e Isagon SAC.
La teoría del caso presentada por la fiscalía sostiene que Monteverde Bussalleu habría funcionado como enlace financiero de la estructura delictiva de Odebrecht en territorio nacional. Según el expediente fiscal, su rol habría consistido en facilitar transferencias económicas destinadas al pago de sobornos a autoridades y funcionarios estatales para la obtención de contratos públicos.
La investigación fiscal determinó que, durante el período comprendido entre 2007 y 2015, Monteverde habría canalizado fondos por aproximadamente 24 millones de dólares. Estos recursos habrían alimentado tanto el denominado Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht como fondos operativos en efectivo manejados localmente.
El empresario enfrenta una medida de prisión preventiva por 36 meses dictada por el Tercer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria de Corrupción en 2019. Esta decisión judicial se mantiene vigente pese a que Monteverde presentó tres solicitudes de cese de prisión preventiva en octubre de 2019, julio de 2020 y marzo de 2021, todas rechazadas por la justicia peruana.
La situación de no habido de Monteverde motivó que el Ministerio del Interior active en septiembre de 2024 su Programa de Recompensas, ofreciendo medio millón de soles a ciudadanos que proporcionen datos verificables sobre su paradero. Actualmente, existe una orden de captura nacional e internacional contra el empresario.
Las autoridades han clasificado la participación de Monteverde como estratégica dentro del esquema de pagos irregulares que habría implementado la constructora brasileña para asegurar su posición en el mercado de infraestructura pública peruana. Las empresas vinculadas al acusado habrían servido como vehículos para movilizar recursos de origen ilícito.