La fiscal suprema rechazó tajantemente ser igualada con la exfiscal destituida y advierte acciones legales contra la Junta Nacional de Justicia por desobediencia a la autoridad
La fiscal suprema Delia Espinoza visitó este lunes la sede del Ministerio Público con un doble propósito: actualizar su declaración jurada y exigir el cumplimiento inmediato de una medida cautelar que ordenaría su reincorporación al cargo. En declaraciones a la prensa, Espinoza denunció que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) estaría en «desacato y desobediencia a la autoridad» al no acatar la orden judicial que suspendería los procesos disciplinarios en su contra.
«El viernes venció el plazo que el juez le dio a la JNJ para cumplir con la medida cautelar. Ellos están en manifiesta desobediencia», afirmó Espinoza, quien acudió al Noveno Juzgado Constitucional para solicitar que se haga efectiva la orden de manera inmediata.
Sin embargo, el momento más tenso de sus declaraciones llegó cuando rechazó categóricamente las comparaciones con el caso de Patricia Benavides, la exfiscal de la Nación destituida que intentó retomar su cargo el pasado 16 de junio.
«No se puede igualar la situación. Patricia Benavides intentó regresar en junio cuando estaba legalmente destituida, expulsada permanentemente del cargo. Yo solo estoy suspendida provisionalmente por una medida que considero injusta e inconstitucional, y que un juez ya ordenó paralizar», explicó Espinoza con firmeza.
La fiscal suprema hizo esta distinción legal para diferenciarse del caos institucional que se vivió cuando Benavides, con una medida cautelar emitida por un juzgado de Ica, intentó retomar la Fiscalía de la Nación por la fuerza. Aquel episodio habría generado temor en el actual fiscal interino, Tomás Gálvez, quien el viernes pasado habría enviado a los trabajadores a casa anticipando un escenario similar.
«El fiscal interino tiene temor basado en la experiencia del 16 de junio, pero mi caso es completamente diferente. Yo no estoy destituida, estoy suspendida temporalmente mientras se me investiga, y esa suspensión fue anulada por orden judicial», insistió Espinoza.
Detrás de este enfrentamiento institucional estaría en juego mucho más que un cargo: el control de los Equipos Especiales contra la corrupción (Eficcop, Lava Jato, Cuellos Blancos del Puerto). Espinoza fue suspendida por la JNJ, lo que permitió que Tomás Gálvez asumiera como interino. Lo primero que habría hecho Gálvez fue proponer la «evaluación» y posible desactivación de estos equipos especiales.
Si la JNJ acata la orden judicial —o el juez los obliga— Espinoza retornaría al cargo, Gálvez saldría, y la amenaza sobre los Equipos Especiales se detendría. Por eso, la fiscal suprema advirtió que si la JNJ persiste en su «desacato», sus miembros podrían enfrentar denuncias penales por desobediencia a la autoridad.
La Junta Nacional de Justicia se encuentra ahora en una encrucijada: acatar la orden del Poder Judicial y reponer a Espinoza, o mantenerse firme en su posición y arriesgarse a enfrentar consecuencias legales. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa sumido en una crisis institucional que pone en riesgo la lucha contra la corrupción en el país.