La exfiscal advierte sobre intimidación institucional y anuncia acciones legales contra la decisión parlamentaria
En una contundente conferencia de prensa, Delia Espinoza envió un mensaje directo al Congreso de la República tras ser inhabilitada por 10 años. «Nuestro Ministerio Público terminó de ser tomado», declaró la exfiscal de la Nación, señalando que la decisión parlamentaria representaría un acto de intimidación institucional. Espinoza no solo cuestionó el proceso seguido por los legisladores, sino que además advirtió que esta medida buscaría amedrentar a los fiscales que actualmente ejercen funciones en el sistema de justicia.
El mensaje directo al Parlamento
La exfiscal dirigió palabras contundentes hacia los congresistas que respaldaron su inhabilitación. Espinoza acusó a los legisladores de haber cometido presuntamente «una fechoría tras otra» y de actuar con el objetivo de despojarla del cargo por no haber obedecido sus órdenes. «Esto es para que tengan miedo, para que no reaccionen», manifestó, haciendo referencia al efecto que esta decisión tendría sobre otros fiscales. Además, enfatizó que su caso no es personal, sino que afectaría la institucionalidad y autonomía del Ministerio Público.
Cuestionamientos al proceso parlamentario y judicial
La exfiscal cuestionó el procedimiento seguido por el Congreso para aprobar su inhabilitación. Según explicó, los legisladores habrían solicitado una reconsideración para aprobar la sanción en una segunda votación, pese a que existiría una orden judicial que disponía detener el procedimiento disciplinario en su contra. Espinoza señaló que esta actuación evidenciaría un apresuramiento del Parlamento en el proceso.
Respecto al Poder Judicial, Espinoza expresó su preocupación por la ausencia de pronunciamientos públicos de su presidenta, Janet Tello, sobre el caso. La exfiscal considera que el silencio institucional afectaría la transparencia del sistema de justicia en momentos críticos para la autonomía de las instituciones.
Advertencia sobre impacto institucional
Espinoza manifestó que la decisión del Congreso podría generar un efecto disuasorio en los fiscales que actualmente ejercen funciones. Según su análisis, esta inhabilitación representaría un precedente que afectaría la independencia con la que operan los miembros del Ministerio Público en sus investigaciones.
A pesar de la sanción impuesta, Espinoza reiteró que se considera la fiscal de la Nación legítima, aunque actualmente el cargo es ejercido de manera interina por Tomás Gálvez. La exfiscal también expresó su desacuerdo con la eventual designación de un nuevo titular por parte de la Junta de Fiscales Supremos, lo que interpretaría como una validación de la actuación parlamentaria que cuestiona.
Proceso de votación en el Congreso
La inhabilitación fue aprobada después de que el Congreso aceptara dos solicitudes de reconsideración. En un primer intento, la medida no prosperó al obtener 63 votos de los 68 requeridos, lo que llevó al archivo inicial de la denuncia. Posteriormente, una nueva votación alcanzó 71 votos a favor, 19 en contra y tres abstenciones, lo que permitió la aprobación de la sanción.
El informe que sustenta la inhabilitación atribuye a Espinoza presuntos delitos de abuso de autoridad, usurpación de funciones, falsedad genérica y prevaricato. Además, señala que la exfiscal no habría cumplido con la Ley 3210, norma que restituyó a la Policía Nacional la facultad de realizar investigaciones preliminares. Frente a esta situación, Espinoza confirmó que presentará un recurso de amparo y denuncias por presuntas vulneraciones constitucionales.
Querella contra presidente del Congreso
Paralelamente, Espinoza confirmó que presentó una querella contra Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, solicitando una reparación civil de un millón de soles por presuntos agravios públicos. La exfiscal señaló que envió dos cartas notariales solicitando rectificación por declaraciones que la habrían vinculado con el terrorismo y economías ilegales, además de haberla calificado como «desquiciada».
«Se presentó la querella ante el Poder Judicial, ante la Corte Suprema, por el rango que tiene el señor», explicó Espinoza en conferencia de prensa. La exfiscal manifestó su convicción de obtener un resultado favorable en este proceso.
En cuanto al destino de la reparación económica solicitada, Espinoza informó que el monto íntegro sería destinado al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas para beneficio de niños y adolescentes en tratamiento oncológico. La exfiscal enfatizó que su acción legal busca establecer un precedente sobre el respeto en el discurso público, señalando que nunca faltó el respeto al presidente del Congreso.