Comisión Permanente aprueba informe que sanciona a la exfiscal por denunciar privilegios de parlamentarios exmilitares
Señores, señoras, 16 congresistas de diversas bancadas acaban de aprobar un polémico informe que buscaría dejar fuera del servicio público por 10 años más a Delia Espinoza. La exfiscal de la Nación ahora enfrentaría su segunda inhabilitación, y todo por haber cumplido con su trabajo: denunciar a parlamentarios que se habrían autorizado a sí mismos cobrar doble del Estado.
La votación en la Comisión Permanente fue contundente: 16 votos a favor, apenas 4 en contra. Lo que los congresistas llaman «infracciones constitucionales» otros lo ven como una clara represalia política. Espinoza habría tenido el atrevimiento de cuestionar una ley que permitió a legisladores con pasado militar recibir simultáneamente su sueldo como congresistas y su pensión de las Fuerzas Armadas o la Policía. ¿El problema? Que habría tocado los privilegios de quienes ahora la juzgan.
Ahora el informe seguirá su ruta hacia el Pleno del Congreso, donde se decidirá si esta segunda sanción se hace efectiva. Los congresistas archivaron los cargos penales por abuso de autoridad y prevaricato, pero mantienen las acusaciones políticas. En otras palabras: reconocen que Espinoza no habría cometido delitos, pero igual buscarían castigarla políticamente por una década más.
Si el hemiciclo aprueba esta inhabilitación, Espinoza quedaría impedida de ejercer cualquier función pública hasta el año 2035. Sería su segunda sanción de este tipo, aunque aclaran que no se acumularía con la primera. Una aclaración que suena más a consuelo que a justicia.
¿Infracciones constitucionales o defensa de privilegios?
El informe aprobado señala que Delia Espinoza habría cometido «infracciones constitucionales» al ejercer sus funciones como fiscal de la Nación. Pero miremos los hechos con claridad: la exfiscal denunció a congresistas que votaron a favor de una ley que les beneficiaba directamente. Una ley que les permitía cobrar del Estado de dos formas simultáneas.
Para la mayoría parlamentaria, Espinoza se habría excedido en sus funciones al cuestionar esta norma. Argumentan que los legisladores habrían actuado dentro de sus atribuciones al aprobar la ley que permite a exmiembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional cobrar su remuneración como congresistas y su pensión militar al mismo tiempo. ¿Atribuciones o autofavorecimiento?
Lo llamativo del caso es que el mismo informe reconoce que no existirían elementos suficientes para sostener responsabilidades penales contra Espinoza. Las acusaciones por abuso de autoridad y prevaricato fueron archivadas. Entonces, si no hay delito, ¿por qué la sanción política? La respuesta parece estar más en el ámbito de la represalia que en el de la justicia.
Los 16 nombres que respaldaron la segunda inhabilitación
La votación dejó nombres claros sobre la mesa. Congresistas de Perú Libre, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Podemos Perú, Somos Perú, Avanza País y Honor y Democracia se unieron para respaldar la sanción contra Espinoza. Una alianza multipartidaria que levanta sospechas sobre los verdaderos intereses detrás de esta decisión.
Estos son los 16 parlamentarios que votaron a favor del informe:
- Waldemar Cerrón – Perú Libre
- Patricia Juárez – Fuerza Popular
- Eduardo Salhuana – Alianza para el Progreso
- Martha Moyano – Fuerza Popular
- Jorge Marticorena – Alianza para el Progreso
- Digna Calle – Podemos Perú
- Flavio Cruz – Perú Libre
- Jorge Zeballos – Renovación Popular
- Alex Paredes – Somos Perú
- Gladys Echaíz – Honor y Democracia
- Lady Camones – Alianza para el Progreso
- César Revilla – Fuerza Popular
- Francis Paredes – Podemos Perú
- Isaac Mita – Perú Libre
- Patricia Chirinos – Renovación Popular
- Karol Paredes – Avanza País
Son nombres que los peruanos deberían recordar. Porque cuando un funcionario cumple con su trabajo de fiscalizar y termina siendo sancionado por ello, algo no está funcionando bien en nuestra democracia.
«Dictadura congresal»: las palabras de Espinoza antes de ser sancionada
Antes de que cayera el martillo de la votación, Delia Espinoza no se quedó callada. Calificó el proceso como una «dictadura congresal» y acusó directamente al Parlamento de ejercer arbitrariedad política en su contra. Sus palabras fueron contundentes: los congresistas estarían usando argumentos personales disfrazados de argumentos jurídicos.
Para Espinoza, lo que está en juego no es solo su carrera, sino principios fundamentales del Estado de derecho. Según la exfiscal, este proceso desnaturalizaría el debido proceso y vulneraría la separación de poderes. Su argumento es simple pero poderoso: ella solo cumplió con su función de fiscalizar, y ahora la estarían castigando por eso.
La exfiscal fue clara al señalar que esta inhabilitación sería una represalia política, no una sanción técnica basada en infracciones reales. Denunció que parlamentarios votaron a favor de una ley que les beneficiaba económicamente, y cuando ella los cuestionó por ello, decidieron voltear las tornas y convertirla en la acusada.
Espinoza también advirtió sobre las consecuencias de esta decisión: profundizaría la crisis de confianza entre los poderes del Estado y sentaría un precedente peligroso para la independencia de la Fiscalía. Si un fiscal puede ser inhabilitado por cumplir su función de control, ¿quién se atreverá a fiscalizar al Congreso en el futuro?
Sus últimas palabras antes de la votación fueron un llamado a que el debate se centre en el respeto a las normas y no en intereses políticos. Un llamado que, al parecer, 16 congresistas decidieron ignorar. Ahora su caso se ha convertido en uno más de los temas que polarizan la agenda política nacional, donde las líneas entre justicia y venganza política se vuelven cada vez más difusas.