Autoridades judiciales advierten sobre graves retrocesos en la separación de poderes
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, habrían manifestado su firme rechazo a los proyectos legislativos que buscarían otorgar al Congreso la facultad de elegir a fiscales y jueces supremos. Ambas autoridades coincidirían en calificar estas iniciativas como un grave retroceso para el equilibrio de poderes en el país.
Durante la celebración del 44° aniversario del Ministerio Público, Espinoza se habría pronunciado categóricamente contra una iniciativa legislativa que estaría discutiéndose en el Congreso, presentada por Perú Libre a través del congresista José Balcázar. La propuesta contemplaría que la futura Cámara de Senadores elija a los altos magistrados, función que actualmente corresponde a la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
«En un Estado constitucional, sería un grave retroceso al equilibrio de poderes. Por supuesto que en otros países el poder político incide en la elección de sus magistrados, pero no hay que seguir los ejemplos que quiebran la separación de poderes», habría enfatizado la fiscal de la Nación.
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, también habría expresado su preocupación durante una mesa de trabajo de la Comisión Especial del Congreso. «Que el Senado elija a los jueces supremos (…) sería un retroceso tan grande en nuestro país que es considerado un ejemplo de democracia y, sobre todo, de la separación de poderes», habría señalado.
En la práctica, esta ley permitiría que el Congreso bicameral elija a quiénes podrían procesar a sus propios representantes, lo cual generaría un evidente conflicto de intereses, ya que las investigaciones contra altos funcionarios, como los congresistas, son vistas por fiscales y jueces supremos.
La fiscal Espinoza también habría cuestionado otra propuesta, impulsada por la congresista fujimorista Patricia Juárez, que buscaría modificar el Reglamento del Congreso para permitir la suspensión de altos funcionarios, incluidos fiscales y jueces supremos, con solo 50 votos en el Pleno. «Estamos observando el proyecto de ley que busca reducir la votación calificada para suspender a altos funcionarios, incluyendo a fiscales. Esa pretendida reforma sería una especie de quiebre constitucional porque la separación de poderes es un principio elemental en un estado de derecho», habría manifestado.
Adicionalmente, la Junta de Fiscales Supremos habría expresado su rechazo a la recientemente promulgada ley de extinción de dominio, que establecería la necesidad de una sentencia previa para incautar bienes de presunto origen ilícito. Según Espinoza, esta norma «nos coloca como un país en franco y claro retroceso en la lucha contra la criminalidad organizada» y afectaría a 2,374 de los 5,753 procesos actuales, permitiendo que «delincuentes y testaferros sigan disfrutando de sus bienes».
La fiscal de la Nación habría hecho un llamado al Congreso para que reflexione y corrija estas leyes, esperando una pronta reacción similar a la ocurrida con la modificación de la aplicación de la detención preliminar.
