Ministerio Público confirma ante el Congreso cargos por falsedad genérica y omisión relacionados con contratos de su empresa familiar
La Fiscalía ratificó este viernes ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra por presuntos delitos vinculados a su relación comercial con el entorno de la constructora brasileña Odebrecht.
El fiscal adjunto supremo Hernán Mendoza Salvador reafirmó ante los congresistas que Vizcarra habría incurrido en dos delitos: falsedad genérica (en dos modalidades) and omisión de consignar declaraciones en documentos, todos relacionados con los contratos que su empresa familiar CyM Vizcarra mantuvo con el consorcio Conirsa entre 2006 y 2008.
Los vínculos con Odebrecht bajo la lupa
La denuncia constitucional se centra en los vínculos comerciales entre CyM Vizcarra y el consorcio Conirsa S.A., que ejecutó la construcción de la carretera Interoceánica Sur y estaba integrado por Odebrecht (70%), Graña y Montero (19%), JJContratistas e ICCGSA.
Según el Ministerio Público, la empresa familiar del expresidente habría recibido aproximadamente 300 mil soles entre 2006 y 2008 por servicios prestados a este consorcio, donde Odebrecht tenía la mayor participación accionarial.
El fiscal Mendoza explicó que la condición que tenía Vizcarra como socio, accionista e integrante del directorio de CyM Vizcarra le daba «la posibilidad de conocer los contratos» de la empresa, por lo que habría tenido pleno conocimiento de estos vínculos comerciales.
La cronología de las declaraciones cuestionadas
9 de enero de 2019: Durante una conferencia de prensa presidencial, Vizcarra negó categóricamente que su empresa familiar haya sido proveedora de Odebrecht para la construcción de la Interoceánica Sur.
13 de enero de 2019: El programa «Panorama» reveló documentación que evidenciaba que CyM Vizcarra sí había sido proveedora del consorcio Conirsa por diversas sumas de dinero durante el periodo 2006-2008.
20 de enero de 2019: En entrevista con «Punto Final», Vizcarra reconoció que su empresa sí realizó trabajos para la construcción de la vía, pero a través del consorcio Conirsa S.A., argumentando que se trataba de una razón social distinta a Odebrecht.
Los cargos fiscales específicos
Primer delito de falsedad genérica
La Fiscalía sostiene que Vizcarra habría «alterado la verdad intencionalmente mediante palabras» en la conferencia del 9 de enero, ocasionando perjuicio a la imagen institucional de la Presidencia de la República.
Segundo delito de falsedad genérica
Se configura cuando el 20 de enero Vizcarra afirmó que había renunciado oficialmente a su empresa el 23 de marzo de 2018, cuando en realidad su revocatoria como gerente y vicepresidente fue acordada por la junta de accionistas el 4 de junio de 2018 e inscrita en Registros Públicos el 17 de agosto.
Delito de omisión
El expresidente no habría informado en su declaración jurada de intereses del 30 de octubre de 2018 que hasta el 4 de junio de ese año había sido directivo de CyM Vizcarra, pese a estar obligado legalmente a hacerlo.
La defensa de Vizcarra
Durante la sesión, el expresidente mantuvo su posición de que CyM Vizcarra «nunca ha proveído un servicio a la empresa Odebrecht» directamente, argumentando que los contratos fueron con Conirsa, una empresa con personería jurídica propia.
«Varios meses se les dio la maquinaria que requerían, pero es a Conirsa, que es una empresa que tiene personería jurídica propia. Entonces, a la pregunta concreta y puntual sobre si CyM ha dado servicios a Odebrecht, la respuesta es no», declaró Vizcarra.
Respecto al segundo cargo, explicó que rompió su vínculo laboral con CyM en 2010 tras convertirse en gobernador regional de Moquegua, pero mantenía sus acciones, lo cual «no está prohibido por ley».
El intento fallido de renuncia al antejuicio
Vizcarra anunció durante la sesión su renuncia al derecho del antejuicio político para «ahorrarle tiempo» a la subcomisión y que el Ministerio Público continúe directamente con la investigación.
Sin embargo, la presidenta de la SAC, Lady Camones (APP), rechazó esta propuesta al explicar que no se trata de un mecanismo previsto en el reglamento del Congreso ni en el Código Penal.
«El único órgano que puede expedir la resolución legislativa que ordene el levantamiento del antejuicio es el pleno del Congreso, por lo que se debe continuar con el proceso parlamentario. Caso contrario, el Ministerio Público carecería de un elemento de procedencia para continuar con el procesamiento penal», expuso Camones.
El proceso continúa
El expresidente se acogió al derecho de guardar silencio durante la audiencia, por lo que no respondió preguntas adicionales.
Tras la sesión, Lady Camones otorgó un plazo de cinco días hábiles para que Jorge Montoya, el congresista delegado del caso, presente el informe final de esta denuncia constitucional.
Este proceso se desarrolla mientras Vizcarra recuperó su libertad la semana pasada, luego que el Poder Judicial anulara los cinco meses de prisión preventiva que había recibido en agosto por presuntas coimas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.
Otras denuncias en agenda
La Subcomisión también admitió a trámite otras denuncias constitucionales importantes:
- Contra la fiscal de la nación Delia Espinoza: Por presunta infracción a la Constitución y posibles delitos de abuso de autoridad y prevaricato, presentada por la congresista Kira Alcarraz (Podemos Perú) y acumulada con la denuncia del congresista José Cueto.
- Contra Pedro Castillo y exministros: Ana Zeballos (Somos Perú) fue designada delegada de la denuncia contra el expresidente Pedro Castillo y los exministros Betssy Chávez, Willy Huerta y Roberto Sánchez por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, solicitando inhabilitación de 10 años para Castillo.
La agenda de denuncias constitucionales demuestra la continuidad del trabajo fiscalizador del Congreso sobre casos de alto impacto nacional vinculados tanto a la corrupción como a las crisis institucionales recientes.