El expresidente enfrentaría 15 años de cárcel por supuestamente recibir sobornos de S/ 2.3 millones cuando fue gobernador de Moquegua
El fiscal Germán Juárez Atoche solicitó seis meses de prisión preventiva contra el expresidente Martín Vizcarra, quien se encontraría en etapa de juicio oral por las presuntas coimas que habría recibido durante su gestión como gobernador de Moquegua.
Según el requerimiento fiscal, Vizcarra estaría acusado del presunto delito de cohecho pasivo propio por supuestamente favorecer a la empresa Obrainsa, consorciada con Astaldi, en la licitación del proyecto de irrigación Lomas de Ilo, a cambio de coimas por S/ 1 millón. Además, habría favorecido presuntamente a las empresas ICCGSA e Incot en la licitación del Hospital de Moquegua, recibiendo sobornos por S/ 1.3 millones.
La fiscalía buscaría una condena de 15 años de prisión efectiva para el exmandatario. Su juzgamiento habría comenzado el 28 de octubre de 2024, desarrollándose a ritmo de una audiencia semanal, lo que podría extender la resolución por varios meses.
Elementos de Convicción Contra Vizcarra
El fiscal Juárez sostiene que cuenta con declaraciones de aspirantes a colaboradores eficaces, testigos periféricos que corroborarían los hechos, llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp. «Al momento de formalizar la investigación preparatoria ya contábamos con graves y fundados elementos de convicción contra el expresidente», señaló el representante del Ministerio Público.
Riesgo de Fuga y Situación Laboral
La fiscalía advierte sobre un presunto peligro de fuga, señalando que no tendría conocimiento de alguna actividad laboral actual de Vizcarra. El último dato que manejarían es que trabajaba para la empresa Agrotécnica Estuquiña S.A. hasta abril de 2024, de la cual sería socio y su hermano el gerente general.
Sin embargo, según información de la Sunat, esta empresa estaría registrada en baja de oficio desde mayo pasado por no tener actividad comercial en los últimos 12 meses.
Incumplimientos y Alertas de Inteligencia
El Ministerio Público recordó que Vizcarra habría recibido un apercibimiento del Poder Judicial por incumplir restricciones cuando recibió autorización para viajar a Moquegua en 2023. Además, según la fiscalía, habría acudido al Terminal Terrestre de Moquegua el 22 de mayo pasado sin presencia policial de seguridad.
La Dirección de Inteligencia (DIRIN) habría emitido una alerta señalando que Vizcarra podría intentar salir del país por rutas menos vigiladas, como pasos fronterizos, aeródromos o puertos. El fiscal considera que el expresidente podría solicitar asilo político argumentando persecución, mencionando a Bolivia y Brasil como destinos «atractivos», recordando el caso de la ex primera dama Nadine Heredia, quien se encontraría asilada en Brasil.
Defensa Califica Pedido como «Absurdo»
El vocero del expresidente, Roberto Salas, calificó el pedido fiscal como «absolutamente absurdo» y una «cortina de humo». Aseguró que Vizcarra se presentaría a la audiencia junto a su abogado para «desbaratar punto por punto este pedido express».
Respecto a la visita al terminal terrestre, Salas explicó que Vizcarra habría ido al segundo piso donde funcionaría la Gerencia de Infraestructura Urbana de la municipalidad «para ver unos planos debido al trabajo que tiene». Sobre un eventual pedido de asilo, añadió que el expresidente «lo descarta completamente».
Antecedentes del Caso
En 2021, el Poder Judicial impuso a Vizcarra comparecencia con restricciones por este mismo caso, rechazando entonces la prisión preventiva por considerar que el peligro de fuga era «razonablemente evitable». En 2024, se le habría variado la medida por comparecencia simple.
El proceso continúa desarrollándose en la Corte Superior Nacional, donde el juzgado habría rechazado previamente el pedido fiscal para realizar dos audiencias semanales, lo que habría reducido a la mitad el tiempo para llegar a una sentencia.