El Ministerio Público inició investigación preliminar tras la presunta manipulación irregular de la base de datos que contenía expedientes contra jueces y fiscales, incluidos casos de Delia Espinoza y José Domingo Pérez
La Fiscalía habría iniciado una investigación preliminar por una presunta manipulación irregular de la base de datos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), según informó el Ministerio Público este jueves 8 de agosto. La investigación se centraría en determinar las responsabilidades por el delito de atentado a la integridad de datos informáticos en agravio de la JNJ.
Según las primeras diligencias, más de 1200 documentos virtuales de procedimientos disciplinarios habrían sido comprometidos en este presunto sabotaje digital. La Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro habría dispuesto que personal policial de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) realice las diligencias urgentes y necesarias para esclarecer los hechos.
El reporte que destapó el presunto sabotaje
Según denunció el diario Correo, el pasado 2 de agosto, un funcionario de la Dirección de Procedimientos Disciplinarios (DPD) de la JNJ habría reportado a su superior, Magnolia Giannina Martínez Hidalgo, directora de dicha unidad, que «casi la totalidad de denuncias del 2025» habrían desaparecido del Sistema de Gestión Documental (SGD) de la entidad.
Entre los casos que habrían sido eliminados se encontrarían expedientes que involucran a la fiscal de la nación Delia Espinoza y al fiscal del Equipo Lava Jato, José Domingo Pérez. El reporte, realizado vía WhatsApp, habría precisado que casi todas las denuncias contenidas en «la carpeta dpd escaneo, no se encontraban cargadas en el sistema».
El funcionario también habría indicado que «no se pudo tener contacto» con la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) porque aquel 2 de agosto era sábado, lo que habría retrasado la respuesta inmediata al incidente.
La respuesta de la OTI: sin respaldos ni auditoría
El lunes siguiente, Martínez Hidalgo habría solicitado la «recuperación» de los datos perdidos. Sin embargo, la OTI, jefaturada por José Antonio Alarcón Butrón, respondió aquella tarde con información que habría generado más preguntas que respuestas.
Según el reporte de la OTI, la carpeta reportada «correspondería a un directorio temporal utilizado por el área usuaria para el almacenamiento intermedio de documentos escaneados» y «no contaría con mecanismos de auditoría ni respaldo automatizado, dado su carácter transitorio».
La oficina técnica habría admitido que no se podía determinar «el momento exacto» del incidente y que «la pérdida de información fue ocasionada por la manipulación de una cuenta de usuario con permisos totales sobre la carpeta». Esta revelación habría encendido las alarmas sobre posibles vulnerabilidades en la seguridad digital de la JNJ.
Fuentes internas apuntan a sabotaje
Fuentes consultadas por el diario Correo dentro de la JNJ habrían señalado que hubo una respuesta tardía de la OTI ante el reporte del incidente. Estas mismas fuentes habrían indicado que un elemento interno de la entidad de justicia habría cometido un presunto sabotaje.
La situación habría generado preocupación al interior de la JNJ, especialmente considerando que los documentos comprometidos incluirían casos disciplinarios de alta relevancia mediática y política. La falta de mecanismos de respaldo automatizado en carpetas que contenían información tan sensible habría evidenciado serias deficiencias en los protocolos de seguridad digital de la institución.
Investigación en curso
El Ministerio Público habría confirmado que las diligencias se enmarcan dentro de una investigación contra «los que resulten responsables del delito de atentado a la integridad de datos informáticos». La División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional estaría llevando a cabo las pericias técnicas necesarias para determinar las causas exactas de la desaparición de los documentos.
La investigación buscaría esclarecer si se trató de un error técnico, negligencia en los protocolos de seguridad o, como sospechan fuentes internas, un acto deliberado de sabotaje para comprometer expedientes disciplinarios sensibles.
Este caso pondría nuevamente en el centro del debate la seguridad digital de las instituciones del sistema de justicia peruano y la necesidad de implementar protocolos más robustos para proteger información crítica para el funcionamiento del Estado de Derecho.