La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, advierte una presunta extralimitación de facultades y graves vicios en la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que habría favorecido al exfuncionario investigado por enriquecimiento ilícito.
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, habría solicitado formalmente a la Comisión Permanente del Congreso de la República que se anule la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) que declaró improcedente y archivó la denuncia constitucional contra el exfiscal supremo Luis Arce Córdova. El pedido se sustentaría en una serie de presuntos vicios que desnaturalizarían el procedimiento, incluyendo la participación de congresistas que habrían estado impedidos de votar y un análisis que excedería las competencias del Parlamento.
Mediante un escrito contundente, la titular del Ministerio Público pide que se declare la nulidad de todo el procedimiento y se admita a trámite la Denuncia Constitucional N.° 550-2021-2026. La fiscalía presentó originalmente esta denuncia en enero de este año, señalando que existirían sólidos indicios del presunto delito de enriquecimiento ilícito por parte de Arce Córdova durante su gestión como juez superior, fiscal supremo y miembro del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, entre los años 2009 y 2019.
Según la investigación fiscal, Arce Córdova habría abusado de sus altos cargos para incrementar su patrimonio de manera injustificada. Una primera pericia habría detectado un desbalance de S/ 1’393,302.20, aunque documentación adicional demostraría que el monto podría ascender hasta los S/2’464,224.44.
A pesar de la gravedad de los hechos, el pasado 11 de julio de 2025, la SAC, entonces presidida por la congresista María Acuña (Alianza Para el Progreso), declaró improcedente la denuncia con 13 votos a favor. El argumento del grupo de trabajo fue que la fiscalía no habría acreditado el «nexo funcional» entre el cargo y el incremento patrimonial, ni habría demostrado la existencia de «dolo específico». Además, habrían descalificado el informe pericial fiscal, calificándolo de «deficiente».
Para la Fiscalía de la Nación, estos argumentos representarían una clara extralimitación de facultades. El escrito de Espinoza sostiene que la SAC no puede actuar como una instancia de juzgamiento, sino como un filtro preliminar. Al realizar valoraciones de fondo sobre el delito, la culpabilidad o la calidad de las pruebas, la SAC estaría usurpando funciones que le corresponden exclusivamente al Poder Judicial, desnaturalizando así el procedimiento de antejuicio político.
El Ministerio Público también señala una presunta inconsistencia, recordando que en otros casos la SAC no ha exigido un nexo causal tan específico. “La exigencia del nexo funcional […] se satisface cuando el desbalance patrimonial se produce durante el ejercicio de funciones públicas de alto nivel”, se explicaría en el documento.
Uno de los puntos más graves que se advierten es la presunta participación irregular de varios congresistas en esa votación. Según la fiscalía, el artículo 20 del Reglamento del Congreso impediría integrar la SAC a parlamentarios que se encuentren comprendidos en procesos penales. Se señala directamente a la entonces presidenta de la subcomisión, María Acuña, quien, al momento de la votación, ya enfrentaría una investigación preparatoria por los presuntos delitos de fraude procesal y denuncia calumniosa. Además, se menciona que otros miembros de la SAC también registrarían carpetas fiscales por presuntos delitos graves como organización criminal y tráfico de influencias, por lo que también habrían estado impedidos de participar.
Finalmente, la fiscalía le recuerda a la Comisión Permanente que ya existe un antecedente, ocurrido en julio de 2020, donde se anuló una decisión de la SAC por irregularidades similares, sentando un precedente para el caso actual.