Ministro de Educación y exministra Hernández habrían minimizado cientos de abusos sexuales a menores indígenas
La Fiscalía de la Nación habría presentado una grave denuncia constitucional ante el Congreso contra el ministro de Educación, Morgan Quero, por el presunto delito de incitación a la discriminación en su modalidad agravada. Esta acción legal estaría vinculada a las polémicas declaraciones que el funcionario habría brindado tras conocerse las denuncias de abusos sexuales a niñas de la comunidad nativa awajun, casos que Quero habría calificado como «práctica cultural».
La entidad fiscal también habría incluido en la denuncia a la exministra de la Mujer, Angela Hernández Cajo, quien presuntamente respaldó estas afirmaciones repitiendo frases similares ante la situación denunciada.
«Los hechos se refieren a que los denunciados declararon ante medios de comunicación nacional una expresión que promueve y legitima la exclusión y desvalorización de los referidos agraviados», se leería en el comunicado oficial del Ministerio Público.
Las declaraciones que habrían generado esta denuncia se remontan a junio de 2024, cuando se dieron a conocer 524 presuntos casos de violación y abuso sexual presuntamente cometidos por docentes y personal educativo contra escolares awajún y wampis en residencias estudiantiles rurales. Al ser consultado por la prensa, Quero habría respondido: «Si es una práctica cultural que lamentablemente sucede en los pueblos amazónicos para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, nosotros vamos a ser muy prudentes, pero también exigiremos una respuesta».
Por su parte, Angela Hernández, entonces titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, habría respaldado estas expresiones asegurando que se trataría de «prácticas culturales que debemos desterrar», e incluso habría responsabilizado a las víctimas del abuso.
Esta denuncia se suma a las cinco denuncias constitucionales que la Fiscalía habría presentado contra la presidenta Dina Boluarte entre el 15 y 17 de mayo de este año. Estas acusaciones incluirían presuntos delitos durante su actual gestión y cuando se desempeñaba como ministra durante el gobierno de Pedro Castillo, entre ellos colusión en el programa Qali Warma, enriquecimiento ilícito por el caso ‘Rolex’, abandono del cargo por el caso ‘Cirugías’ y graves acusaciones relacionadas con las muertes durante las protestas ocurridas entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
