Operación ‘Ícaro’ buscaría evidencias de presunta red que habría favorecido ilegalmente a mina El Dorado
El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), con apoyo de la Policía Nacional, allanó simultáneamente la residencia del hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, ubicada en el distrito de San Borja, y una oficina vinculada al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en el marco de una nueva investigación por presunta corrupción.
El operativo, denominado ‘Ícaro’, incluyó más de 10 inmuebles adicionales en Lima y Ayacucho, entre oficinas públicas y propiedades de colaboradores cercanos, desarrollándose horas antes de una audiencia en el Tribunal Constitucional que evaluaría recursos presentados por el hermano de la presidenta contra la actuación fiscal.
Según la tesis fiscal, se buscarían evidencias sobre una presunta red que habría favorecido de forma ilegal a la mina El Dorado, la cual habría realizado pagos de dinero a favor de Santiváñez, quien entonces ocupaba el cargo de Ministro del Interior, a cambio de recuperar a través de operaciones policiales ficticias las minas Agripina 1 y 2.
De acuerdo con las investigaciones, Dina Boluarte le habría solicitado a Juan José Santiváñez coordinar el arraigo laboral de Nicanor Boluarte con esta empresa minera, configurándose así una presunta red de corrupción que involucraría a los más altos niveles del poder ejecutivo.
NUEVAS RAMIFICACIONES DEL CASO
En una ampliación de las indagaciones, se habrían encontrado evidencias de que el hermano de la presidenta intervendría y promovería nombramientos en otras dependencias del Estado. Uno de los nuevos casos estaría vinculado al nombramiento de Paulo Zevallos Rivarola como Gerente Comercial de la fábrica de armas y municiones del ejército, FAME, en marzo de este año.
El nombramiento se habría realizado días después de que Paulo Zevallos se reuniera con Jorge Garboza, director de la ONG «Las manos que ayudan de corazón» y cercano colaborador de Nicanor, junto al empresario Diego Alfaro Di Natale, importante proveedor de FAME.
Durante las indagaciones se descubrió que días antes de ese encuentro, la empresa «Industrias de Armas de Israel», representada por Alfaro Di Natale, habría suscrito un millonario contrato con el Ministerio del Interior, entonces dirigido por Juan José Santiváñez, para abastecer de armas a la Policía Nacional.
DEFENSA CALIFICA ALLANAMIENTO COMO «ABUSO»
Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, llegó al domicilio de su patrocinado momentos después del allanamiento y rechazó tajantemente los señalamientos que buscarían relacionar al hermano de la presidenta con la empresa minera y el ministro Santiváñez.
«Mi patrocinado no tiene nada que ver con una minera, no conoce al señor Santiváñez. No tienen ningún conocimiento con una persona que trabaje en una minera. No conoce a ninguna de esas personas. Esto es un abuso, absolutamente innecesario», declaró el letrado, calificando la investigación como basada en presunciones infundadas.
CASO ‘WAYKIS EN LA SOMBRA’ CONTINÚA
Paralelamente, Nicanor Boluarte continúa siendo investigado por el caso ‘Waykis en la Sombra’, donde es señalado como presunto líder de una organización que habría traficado influencias para asegurar la designación de prefectos y subprefectos afines a su entorno político en distintas regiones del país.
La Fiscalía sostiene que estas colocaciones buscarían consolidar poder territorial en respaldo a la gestión de su hermana, la presidenta Dina Boluarte, negociándose los cargos públicos a cambio de pagos indebidos o compromisos políticos.
En este proceso, Nicanor Boluarte ya afronta medidas restrictivas y acusaciones por organización criminal, habiendo presentado recursos al Tribunal Constitucional en busca de revertir la actuación de la Fiscalía.