Presidente de la JNJ habría asumido cargo pese a sentencia condenatoria por violencia familiar contra su exesposa
Este martes 22 de julio, la Fiscalía habría intervenido la sede de la Defensoría del Pueblo, liderada por Josué Gutiérrez, para recabar pruebas sobre la irregular designación de Gino Ríos como presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). La diligencia se habría realizado luego de que se revelara que Ríos cuenta con una sentencia condenatoria emitida por el Poder Judicial en 2011 por violencia familiar debido al maltrato psicológico contra su exesposa, según informaron fuentes de La República.
Para asumir como presidente de la JNJ, Ríos Patio habría superado la evaluación previa sin que su condena fuera analizada o cuestionada seriamente durante la entrevista final en la Comisión Especial liderada por Gutiérrez. De acuerdo con el dominical Cuarto Poder, quien habría dirigido la entrevista al titular de la entidad fue el expresidente del Poder Judicial, Javier Arévalo.
En dicho momento, se habría enfocado en una denuncia archivada en contra de Ríos por presunta corrupción; sin embargo, habría ignorado la sentencia firme por violencia psicológica. En el mismo reportaje, la Comisión Especial habría recibido una tacha formal de la abogada de la víctima, en la que se advertía sobre el antecedente judicial, pero fue desestimada bajo el argumento de que el plazo de objeciones había culminado.
Congreso solicita vacancia contra el presidente de la JNJ
El último lunes 21 de julio, los congresistas Susel Paredes y Héctor Acuña habrían enviado un oficio a la vicepresidenta de la JNJ, María Teresa Cabrera, solicitando que se inicie el proceso de separación del cargo a Ríos Patio, tras revelarse que cuenta con una sentencia condenatoria en su contra.
La solicitud de los legisladores se basaría en los artículos 11, 13 y 18 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia que establece que «están impedidos para ser elegidos miembros de la Junta Nacional de Justicia: (…) d. Los condenados con sentencia consentida o ejecutoriada por la comisión de delito doloso. (…); e. Los condenados con sentencia consentida o ejecutoriada por violencia contra las mujeres, niños, niñas o adolescentes (…)».
Sin embargo, el artículo 18 señalaría lo siguiente en caso de vacancia: «El miembro de la Junta Nacional de Justicia vaca por las siguientes causas: (…) d. Por tener resolución judicial firme condenatoria por delito común. (…) e. Por haber sentencia firme por delito de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar, de conformidad con la ley de la materia».
Esta situación pondría en evidencia las serias fallas en el proceso de selección de los miembros de la JNJ, máximo organismo encargado de la selección y disciplina de jueces y fiscales en el país. La presencia de una persona con antecedentes por violencia familiar en el cargo más alto de esta institución cuestionaría gravemente la credibilidad del sistema de justicia peruano.